María José Escudero valoró la apertura de espacios de inclusión laboral para personas con discapacidad. Sin embargo, criticó la brecha de género e hizo un llamado a abordar la tipificación de multas.
Esta semana se cumplieron dos años de la implementación de la Ley 21.015 de Inclusión Laboral, normativa que establece que las empresas públicas o privadas con más de 100 trabajadores deben contratar el 1% de empleados en situación de discapacidad.
En este contexto, la directora ejecutiva de Fundación Ronda, María José Escudero, destacó que a su juicio “ha sido por lejos la mejor política pública en términos de discapacidad, que ha permitido abrir espacios de inclusión laboral para las más de 2.800.000 personas en Chile con discapacidad, que ha puesto en la mesa esta temática, que ha permitido visibilizar a esta comunidad que históricamente ha sido marginada y excluida en nuestra sociedad”.
Escudero valoró que la medida ha permitido poder crear oportunidades reales de trabajo y a la fecha las cifras oficiales indican que hay 19.303 personas contratadas en el sector privado.
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Sin embargo, también realizó algunos reparos a la implementación de la ley: “en primer lugar y lo más prioritario, es cómo logramos que la ley exija modelos de empleo con apoyo tanto para empresas como sector público, procesos que aseguran que la contratación de personas con discapacidad sea eficiente, efectiva y pueda ser perdurable en el tiempo y no simplemente una colocación; que apoye a la persona y su entorno para que no haya desigualdad de oportunidades y condiciones para ellas”.
También criticó que de las 19.303 personas contratadas con discapacidad a febrero de 2020, el 65% son hombres y el 35% son mujeres: “nos preocupa sobremanera cómo vamos a darle la vuelta con respecto a la equidad de género en la implementación de la ley, como también cómo vamos a achicar la brecha respecto de las barreras educacionales que hoy tiene esta comunidad”.
Finalmente, Escudero indicó que “algo importante también es cómo le damos la vuelta a la tipificación de multas y cómo generamos incentivos para que las empresas generen ajustes razonables. Es largo el camino, pero vamos en un muy buen pie para que juntos podamos ser una mejor sociedad”.
“Creemos que si bien hay cosas que mejorar, es un camino que ya no tiene retorno y que ha permitido poner a la discapacidad en el mapa, sobre todo en lo que es un derecho para todos: la contratación y el poder trabajar“, concluyó.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
