Esta fundación también se encuentra bajo investigación, a la luz de los vínculos familiares que hay en la Gobernación Regional del Maule y miembros del personal asignado en los proyectos de la fundación de Urbanismo Social.
En medio de la investigación del Caso Convenios, siguen apareciendo nuevos antecedentes respecto a los traspasos de fondos a diversas fundaciones. Una de ellas es la fundación de Urbanismo Social, que recibió $264 millones por parte del Gobierno Regional del Maule para la realización del programa “Juntos y Juntas nos Sentimos más Seguros y Seguras”. El proyecto fue firmado el 22 de diciembre del año pasado.
Según recoge Meganoticias, la presidenta del directorio de la fundación, Pilar Goycoolea, envió una carta a la gobernadora del Maule, Cristina Bravo (DC), el pasado 30 de mayo. En la carta, Urbanismo Social expresó lo siguiente: “Se nos han planteado algunas observaciones sobre la selección del equipo territorial del programa”.
Durante los meses de febrero y marzo de este año, la fundación llevó a cabo reuniones y encuentros con el jefe de División del Gobierno Regional, Jorge Fajardo, y el jefe de la división de Fomento e Industria de la Gobernación, Mario Ramírez. Desde Urbanismo Social advirtieron que había que cerrar los reparos con respecto al equipo para avanzar con “cualquier acción de ejecución del proyecto”.
En dicha carta, la gobernación propuso tres candidatos a Urbanismo Social, los cuales fueron evaluados de manera conjunta el pasado 15 de mayo. Entre ellos se encontró el concejal de Curicó (DC), Javier Ahumada, quien fue rechazado por la fundación debido a que se consideró “incompatible la posibilidad de formar parte del proyecto, mientras se desempeña una función pública de representación popular”.
Por su parte, el concejal Ahumada emitió un comunicado en el cual aseguró que fue él quien se puso en contacto con la gobernadora para solicitar empleo, y que fue el área de divisiones del Gore quien lo contactó. “Le pedí a la gobernadora que, en caso de existir alguna oportunidad laboral, me tuviera en consideración”, manifestó.
La fundación finalmente contrató a Aily Soto Salina, ingeniera comercial, como jefa de proyecto, y a Rodrigo Véliz Alvarado, como coordinador de proyecto, ambos propuestos por la gobernación. En la carta, la fundación mencionó que ambos candidatos cumplen con el perfil requerido para los cargos respectivos.
Es importante destacar que se menciona que Aily Soto Salina es cuñada del jefe de división de planificación del gobierno regional, Jorge Fajardo, quien fue una de las personas con las cuales Urbanismo Social discutió los nombres de los integrantes del equipo territorial. Por otro lado, Rodrigo Véliz es la pareja de la asesora jurídica del Gore, Ariosha Villarreal.
La Gobernación del Maule entregó $270 millones a la fundación Semilla para realizar “capacitaciones para la educación de líderes juveniles por la no violencia”. En dicha fundación trabaja la hijastra de la gobernadora, Rosario Álcazar Gaete, como parte del equipo de sistematización.
En tanto, el representante legal de la fundación es el exintendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
