El subsecretario del Interior apuntó a la tolerancia de las autoridades municipales con el comercio ambulante y el proyecto de indulto, ya que "afectan la sensación de seguridad ciudadana". Por otro lado, María José Gómez afirmó que la misiva "tiene un objetivo político".
La jornada del lunes, un grupo de alcaldes llegó hasta La Moneda para entregar una carta al Ejecutivo en la que exigieron que tomar acciones en materia de seguridad ante los hechos delictuales de los últimos meses.
La misiva emplazó al Ejecutivo a “tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis de seguridad que afecta al país” y fue firmada por 12 ediles de la Región Metropolitana.
En respuesta a esta situación, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, expresó que “no puede ser que haya autoridades que puedan pasar una mañana yendo a dejar una carta al Palacio de La Moneda, pero no puedan tomarse el tiempo de participar en una reunión”.
“O que sean tolerantes con el comercio ilegal, que contribuye a la sensación de inseguridad o incluso algunos de ellos impulsen el indulto que declara impune delitos que afectan la sensación de seguridad ciudadana”, añadió.
En esa línea, la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, afirmó que espera que “las críticas sean con apego a la verdad”.
“Esta carta tiene un objetivo político que busca generar una sensación, una percepción, de lo que se ha realizado en materia de seguridad en estos cuatro años de cara al cambio de mando”, alegó Gómez.
Asimismo, sostuvo que las autoridades municipales “reclaman que no han sido parte de las estrategias de prevención en materia de seguridad”, siendo que “hay varios de los alcaldes que firmaron esta carta que no han ido a ninguna reunión del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) o sólo a algunas”.
“Solo estos 12 alcaldes que firman la misiva han recibido más de $8 mil millones para proyectos de prevención que hemos desarrollado en conjunto”, sentenció.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
