El máximo tribunal desestimó el recurso de amparo que pedía que el machi pudiera cumplir parte de su condena bajo arresto domiciliario. Según el subsecretario del Interior, con esto queda claro que "no es el recurso de amparo la vía adecuada para cuestionar los fallos ya ejecutoriados".
(Agencia UNO) – El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió al reciente fallo de la Corte Suprema que desestimó la acción presentada por la Defensoría Penal Pública en favor del machi Celestino Córdova, en donde se pedía reemplazar el régimen carcelario por el arresto domiciliario total.
Al respecto, la autoridad dijo que “el fallo de la Corte Suprema es contundente, lo resuelto por la Corte Suprema es claro en señalar que no es el recurso de amparo la vía adecuada para cuestionar los fallos ya ejecutoriados”.
Además resaltó “el voto concurrente del ministro Llanos que hace una aclaración que es muy relevante respecto de la aplicación del Convenio 169 a los miembros de los pueblos originarios. En este caso el ministro Llanos muy correctamente dice que la preferencia a la que se refiere el artículo 10 del Convenio 1969 no es autoejecutable; requiere de un ley interna que lo ejecute“.
“En segundo lugar, cuando se aplica tiene que tener en cuenta el resto del ordenamiento jurídico, porque sino, dice él textual, llevaría al absurdo de que una persona por el solo hecho de ser miembro de un pueblo indígena, no podría nunca, cualquiera sea el delito y la gravedad del delito, cumplir una sentencia condenatoria en un recinto carcelario, y creemos que eso va en contra del objetivo de prevención general que tienen las penas en nuestro país“, agregó.
Y concluyó diciendo que “creemos que es compartido no solo por la gran mayoría de la ciudadanía, sino que también por la gran mayoría de los pueblos originarios“.
Por su parte, la diputada socialista Emilia Nuyado rechazó el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema y señaló que “con esto se está condenando al machi a morir, porque él ha sido claro en cuanto a su determinación para que el Estado respete los derechos del pueblo mapuche”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
