El subdirector operativo de Gendarmería, el coronel Luis González Báez, descartó que los internos alojados en la Cárcel de Alta Seguridad, asociados a organizaciones criminales y delitos de connotación social, hayan logrado establecer contacto con el exterior antes de que se revocara la decisión del juez Urrutia.
El subdirector operativo de Gendarmería, el coronel Luis González Báez, criticó la polémica decisión del juez Daniel Urrutia de permitir videollamadas para “los internos más peligrosos de Chile” en un Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas).
González aclaró que ninguno de los internos logró establecer contacto con el exterior, gracias a la intervención de Gendarmería a través de su equipo jurídico de la Dirección Nacional Metropolitana.
Asimismo, explicó que los internos alojados en la Cárcel de Alta Seguridad son de “alta peligrosidad, asociados a organizaciones criminales y delitos de alta connotación pública“.
Algunos están vinculados a la banda criminal internacional Tren de Aragua, mientras que otros han liderado organizaciones criminales dentro de la cárcel y están relacionados con el tráfico de drogas, detalló González en conversación con Radio Cooperativa.
“Los internos que se albergan en esa unidad penal son los más peligrosos de Chile. Por lo tanto, Gendarmería tiene la obligación de actuar rápidamente ante este tipo de resoluciones en pos de la seguridad pública de todos”, enfatizó el uniformado.
La situación se originó el 22 de enero, cuando el juez Urrutia accedió a que cuatro internos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) pudieran comunicarse con terceras personas no autorizadas por la administración penitenciaria.
Aunque la medida no se materializó, por intervención del equipo jurídico de la Dirección Nacional Metropolitana de Gendarmería, se presentó un escrito exponiendo las causales que justifican la solicitud de retracción de la medida, sí generó controversia y debate público sobre la seguridad al interior del sistema penitenciario.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
