La denuncia también apunta a tres funcionarios que, según el alcaide del recinto penitenciario, incumplieron gravemente sus labores en relación con el robo.
Las autoridades del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II denunciaron el robo de numerosos bienes muebles valuados en más de $100 millones.
La denuncia fue presentada el 7 de noviembre por el coronel Patricio Roa, alcaide del centro penitenciario, ante la Fiscalía Local de Chacabuco.
Roa calificó el hecho como “grave” y posiblemente constitutivo de delito, consigna La Tercera.
Tras una revisión física y técnica, se determinó la “no existencia física” de 158 bienes muebles, con un valor estimado de $106.399.796.
Entre los artículos sustraídos se encuentran cámaras GoPro, televisores, CPU, congeladores, herramientas de trabajo, calefón, videoproyectores y una lavadora industrial.
La denuncia también apunta a tres funcionarios que, según el alcaide, incumplieron gravemente sus labores en relación con el robo: el suboficial Raúl Flores, encargado de Inventario; el sargento 2° Rodolfo Quilodrán, suplente en ese cargo, y el suboficial mayor Claudio Manríquez, jefe administrativo.
Se destacó el total incumplimiento de funciones en los dos primeros y la falta de revisiones de control por parte del último.
El director regional metropolitano de Gendarmería, coronel Hernán Villarroel, ordenó la suspensión inmediata de los funcionarios implicados, quienes permanecen fuera de sus funciones hasta la fecha.
Adicionalmente, surge una nueva denuncia respecto a posibles irregularidades en las compras de verduras y carnes para el mismo centro penitenciario.
Un proveedor presentó un reclamo, señalando que sus postulaciones para calificar como vendedor son consistentemente rechazadas.
Se alega “favoritismo” en las licitaciones, con ciertos proveedores obteniendo contratos a precios más altos que las ofertas disponibles en el mercado.
El denunciante ha solicitado a Gendarmería que investigue esta situación y que se transparenten los listados de proveedores que califican para las transacciones, así como los precios a los que la institución adquiere los insumos.
Se espera una pronta respuesta de las autoridades para esclarecer los hechos y tomar las medidas adecuadas.
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