Gendarmería se querella contra 18 internos de la Cárcel de Alta Seguridad por daños millonarios y amenazas a funcionarios

Por Arelí Zúñiga

28.06.2024 / 19:00

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La acción judicial, ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, imputa a los reclusos, en prisión preventiva por delitos graves, haber incitado y promovido enfrentamientos, generando daños valorados en más de $197 millones.


Gendarmería se querelló este jueves contra 18 internos de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, acusándolos de provocar desórdenes generalizados, agresiones y destrozos al interior del recinto penitenciario.

La acción judicial fue presentada por la Dirección Regional Metropolitana de la institución ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

El documento judicial atribuye los hechos a los internos que han “incitado y promovido enfrentamientos y destrozos”, afectando el orden dentro de la unidad penal y ocasionando daños valorados en más de $197 millones, consignó La Tercera.

Los imputados se encuentran en prisión preventiva por delitos graves como trata de personas, homicidios, secuestro, homicidio de un funcionario de Carabineros y tráfico de drogas.

La querella también destaca incidentes destacados ocurridos recientemente, como el del pasado 6 de junio, cuando tres imputados amenazaron y agredieron verbalmente al personal de Gendarmería tras un corte de luz.

Al día siguiente, cámaras de seguridad captaron a los internos desarmando una mesa de ping-pong para fabricar armas improvisadas. El incidente, en el que Gendarmería utilizó gas lacrimógeno y una escopeta contra los reclusos, terminó con 12 funcionarios lesionados.

Otro incidente grave se produjo el 18 de junio, cuando Carlos González, alias “Estrella”, miembro del Tren de Aragua y uno de los acusados en la querella, amenazó de muerte a un funcionario con un cuchillo, prometiendo matarlo y colgarlo en el patio.

Además de las amenazas, se reportaron daños al mobiliario, cámaras de seguridad y la red de agua potable del recinto.

Gendarmería considera que las acciones de los 18 reclusos representan una “grave conmoción pública” al afectar el normal funcionamiento de las actividades penitenciarias.