El alto mando de Carabineros exige un juicio justo y acusa intervención política. Además, planteó que el Ministerio Público pretende imputarlo de un delito que no ha cometido.
Este viernes, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, acudió hasta el Tribunal Constitucional (TC) solicitando la suspensión inmediata de las causas de Alto Mando y delitos de lesa humanidad en el contexto del estallido social.
En el documento, el alto mando de Carabineros planteó que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago “haciendo un uso abuso del derecho a través de un procedimiento irracional e injusto, está afectando mi dignidad y honra, y amenazando mi libertad personal”.
Además, argumentó que a través de su imagen está dañando de manera “irremediable” a la institución policial.
“La solicitud de formalización que se presentó por el Ministerio Público al 7° Juzgado de Garantía de Santiago contiene vicios que la hacen susceptible de ser anulada, y que, al no haberse declarado así por el juez de primer grado, vulneró garantías constitucionales como el debido proceso, en su vertiente al derecho a defensa y derecho al recurso, y principios constitucionales como la supremacía constitucional y de juridicidad”, exigió en el documento.
Los argumentos del general Yáñez
El general Yáñez describe que la institución policial está compuesta por más de 55.340 efectivos, quienes, en el periodo entre el 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, enfrentaron un contexto de “mayor violencia civil que ha afectado a nuestro país en décadas”. A pesar de ello, sostuvo que cumplieron en garantizar el orden público y la seguridad.
En cuanto a su rol durante las manifestaciones que surgieron en octubre, complementó que en ese entonces se desempeñaba como general inspector a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros (Dioscar), “enfrentando una contingencia social y política para la cual nadie estaba preparado, que surgió de forma inesperada y provocó cientos de lesionados en las filas institucionales”.
En relación con los argumentos mencionados anteriormente, el alto mando de Carabineros señaló que recurre al TC “para garantizar que se me juzgue con apego a un justo y racional procedimiento, sin intervenciones políticas, puesto que el Ministerio Público pretende imputarme un delito que no he cometido de forma comisiva ni activa”.
Asimismo, aseveró cumplió con todas las instrucciones verbales y escritas que le competen a su cargo, “siempre previniendo, castigando, sumariando y denunciando ante la Fiscalía, todos los actos reñidos con la disciplina institucional en que incurrieron a mis subordinados y de los que tuve conocimiento”. Ejemplificando que cada vez que se utilizó un arma menos letal se daba cuenta de forma inmediata a la Fiscalía por medio de un parte policial.
De hecho, detalló que se tramitaron más 4.150 sumarios administrativos.
“No permití ni validé ningún hecho que pudiera estimarse como un exceso de uso de la fuerza de parte de mis subordinados en el legítimo ejercicio monopólico de la fuerza estatal a la que Carabineros tiene derecho por función constitucional”, afirmó.
El camino de Yáñez hacia su formalización
El general Yáñez lidera la institución desde el 19 de noviembre de 2020, pero su formalización agendada para el próximo 7 de mayo tiene relación por su excargo como director de Orden y Seguridad de Carabineros por la presunta omisión en apremios ilegítimos en el denominado estallido social.
“Se me está investigando como autor de 952 supuestos delitos omisivos”, precisó. Asimismo, señaló que las cifras oficiales sobre causas que se registran sentencias condenatorias en contra de Carabineros por uso de la fuerza son 55 a nivel nacional, datos que son coincidentes con las estadísticas de la Fiscalía.
“Nunca se nos ha señalado, ni sabemos cómo el fiscal regional Armendariz y fiscal Chong me pueden imputar esa cantidad de hechos”, consignó en el escrito.
Por otro lado, respecto a su responsabilidad de mando, desde su perspectiva afirmó que “no es un elemento objetivo del tipo penal del delito de apremios ilegítimos”.
