El proyecto busca reducir las distancias entre la capital con Valparaíso y Viña del Mar, en un máximo de 45 minutos.
El gobierno definió que el proyecto para construir un tren rápido entre Santiago y Valparaíso, deberá ser tramitado mediante la Ley de Concesiones.
Esta posición se produce luego que TVS, empresa de presentó la iniciativa, solicitara en enero pasado la autorización para implementar el servicio a través de la Ley de Ferrocarriles, según informa hoy La Tercera.
El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, explicó al respecto que “la opinión que hemos manifestado en las distintas instancias, por ejemplo en la comisión de logística, es que la ley más apropiada es la de concesiones, pues la Ley de Ferrocarriles es antigua, no tiene una estructura ni la densidad regulatoria que se requiere”.
Asimismo, detalló que esta regulación no necesariamente exige realizar una licitación, “mientras que la Ley de Concesiones ya está muy probada, pues se ha usado para más de US$ 20 mil millones en inversiones, entonces no vale la pena innovar en esa materia”.
De esta manera, el proyecto deberá ingresar a través de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, para ser evaluado por diversos organismos (ministerios y municipalidades), con lo que se establecerá si la propuesta es de interés público.
Luego, el MOP abrirá una licitación en el sector privado, donde puede participar según las reglas que se establecen en los contratos. Además, se le da un “premio” a la empresa que haya presentado el proyecto y no gane el concurso.
Por su parte, la empresa TVS no se ha referido a este anuncio, pues aseguraron al medio que están a la espera de una respuesta oficial de la solicitud al Presidente, presentada al Ministerio de Transportes, para poder obtener una autorización en el marco de la Ley de Ferrocarriles.
La propuesta de TVS, con una inversión de 1.600 millones de dólares, plantea conectar Santiago con Valparaíso y Viña del Mar, logrando reducir los trayectos en 45 y 39 minutos, respectivamente.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
