Gabriel Allende presentó una querella junto al Instituto de Derechos Humanos (INDH) en 2020 después de haber recibido disparos de perdigón durante su detención en el contexto de las marchas del 18 de octubre.
Este viernes se dio a conocer que el Gobierno otorgó un aumento de pensión vitalicia a Gabriel Allende, quien fue acusado de lanzar una molotov el 21 de octubre de 2019 en Curacaví, al poniente de Santiago, en el contexto del denominado estallido social.
Según Ex-Ante, el 23 de febrero de 2023, el Ministerio del Interior timbró el decreto de aumento de pensión de gracia vitalicia a Allende, quien además se encuentra incluido por el gobierno en la lista de “personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019“.
El decreto exento 3.555, firmado por los ministros Carolina Tohá de Interior y Mario Marcel, de Hacienda, elevó de 0,7 a 1,5 ingresos mínimos no remuneracionales (equivalentes a $444.767 a diciembre de este año).
Inicialmente, Allende, fue condenado a tres años de cárcel, pero esta pena fue sustituida por la libertad vigilada intensiva.
Sin embargo, otro evento en 2020 generó una segunda causa en la que fue reconocido como víctima. Esta causa se originó a raíz de una querella presentada por el Instituto de Derechos Humanos (INDH) debido a haber recibido disparos de perdigón durante su detención en el contexto de las marchas del 18 de octubre.
En enero de este año, la fiscalía formalizó cargos contra un sargento segundo de Carabineros por el delito de apremios ilegítimos en relación con las lesiones sufridas por Allende Torres.
La iniciativa, impulsada por Conecta Mayor UC, la Pontificia Universidad Católica de Chile y El Mercurio, destaca a figuras de nuestro país mayores de 75 años y que aportan desde sus diversos ámbitos al país.
