El ministro de Jusiticia, Hernán Larraín, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, presentarán indicaciones para revertir la iniciativa impulsada por la diputada Carmen Hertz (PC), que condena con penas de cárcel a quienes aprueben o nieguen las violaciones a los derechos humanos que se realizaron durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, buscarán revertir la iniciativa impulsada por la oposición que busca sancionar a a las personas que aprueben o nieguen las violaciones a los derechos humanos que se realizaron durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Según publica este viernes La Tercera, las autoridades presentarán una indicación para suprimir la iniciativa, que forma parte del proyecto sobre incitación a la violencia -ingresado durante el gobierno de Michelle Bachelet-, que plantea la pena de presidio menor en su grado medio para el “negacionismo”, y que fue impulsada a través de enmiendas por la diputada Carmen Hertz (PC).
La propuesta se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y en diciembre pasado fue aprobada en la Comisión de Derechos Humanos.
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El gobierno además buscará eliminar una indicación presentada por la diputada Pamela Jiles (PH), que busca sancionar con penas de cárcel a quienes promuevan la denostación, menosprecio o el odio contra un grupo en razón de su etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, entre otros.
Desde el gobierno señalaron además que su propósito es volver al “origen” del proyecto de incitación a la violencia y no avanzar en el negacionismo, aunque sí están evaluando hacerse parte de la discusión respecto de la incitación al odio.Todo esto se realizará tras al retorno del receso legislativo, fijado para marzo.
“El gobierno tiene la convicción de que el derecho de libertad de expresión no puede ser limitado, sino en casos muy excepcionales y debidamente regulados, y mucho menos restringido con penas privativas de libertad, salvo en casos de particular gravedad”, afirmó Recabarren.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
