Chile firmó una declaración junto a los gobiernos de Costa Rica, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo y los Estados Unidos Mexicanos, en la que creen que es necesario "llamar la atención de la Fiscalía de la CPI sobre lo que ocurre en el mencionado país, particularmente teniendo en cuenta la situación de todas las mujeres y niñas afganas, quienes enfrentan violaciones continuas y sistemáticas de sus derechos".
El gobierno de Chile dio a conocer que presentó una remisión ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a la situación en la República Islámica de Afganistán. Esto, teniendo en cuenta el “empeoramiento de las condiciones y la gravedad de la situación para todas las mujeres y niñas afganas”.
A través de una declaración, firmada junto a los gobiernos de Costa Rica, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo y los Estados Unidos Mexicanos, se señala que la investigación respecto a la situación en Afganistán comenzó en 2020, y luego de ser suspendida temporalmente tras una solicitud de autoridades afganas, el fiscal de la CPI reanudó la indagatoria en 2022.
De ese modo, los firmantes creen que es necesario “llamar la atención de la Fiscalía sobre lo que ocurre en el mencionado país, particularmente teniendo en cuenta la situación de todas las mujeres y niñas afganas, quienes enfrentan violaciones continuas y sistemáticas de sus derechos”.
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En el escrito se señala que “dado que pareciera se han cometido uno o más delitos dentro de la jurisdicción de la Corte”, los Estados mencionados han pedido al fiscal que pueda incluir dentro de su investigación los crímenes cometidos contra mujeres y niñas tras la toma de poder por parte de los talibanes, ocurrida en 2021.
Esto, con el fin de que eventualmente personas específicas puedan ser acusadas de la comisión de dichos crímenes, “que habrían tenido lugar a partir del 1 de mayo de 2003”.
“Los Estados Parte del Estatuto de Roma mencionados anteriormente reafirman su apoyo inquebrantable al trabajo de la CPI y su compromiso continuo con la protección de los derechos de las mujeres”, dicta el documento.
La defensa del mandatario aseguró que él fue víctima de acoso sistemático por parte de la mujer que, 10 años después de enviados los mensajes, presentó la denuncia en su contra.
