Se trata de dos beneficios que resguardan a los legisladores. En el caso del primero, protege las opiniones y los votos que emiten en el hemiciclo, mientras que el segundo establece que los parlamentarios no pueden ser procesados o privados de su libertad sin que exista un pronunciamiento previo de la Corte de Apelaciones.
El 1 de junio pasado, durante la cuenta pública que se realizó en el Congreso, el presidente Sebastián Piñera anunció que desde el Ministerio del Interior se encuentran trabajando en un paquete de reformas institucionales.
De acuerdo a una publicación de La Tercera, esta iniciativa considera realizar una serie de cambios con respecto a los resguardos que hasta ahora tienen los diputados y senadores del país, como son la inviolabilidad parlamentaria, una excepción al principio de igualdad ante la ley que protege las opiniones y los votos que emiten en el hemiciclo.
A eso además se suma que desde el Ejecutivo estudian eliminar el fuero parlamentario, otro beneficio que establece que los legisladores no pueden ser procesados o privados de su libertad sin que exista un pronunciamiento previo de la Corte de Apelaciones respectiva que determine su desafuero.
Este asunto también ha sido plateado por colectividades de oposición, como el PPD, mientras que parlamentarios de la Comisión de Constitución del Senado han manifestado que están abiertos a discutir el tema.
“Es absolutamente razonable revisar la institución del fuero parlamentario, pero hay que hacerlo analizando todos los efectos que esta institución tiene en el sistema global”, señaló Andrés Allamand (RN).
En tanto, su par DC Francisco Huenchumilla, afirmó que “un proyecto de esa naturaleza habría que verlo en su mérito”, y agregó que este tipo de beneficios “están para fortalecer la labor parlamentaria y no para darles un privilegio”.
“Los parlamentarios gozan de ciertos estatutos especiales desde el punto de vista jurídico, no para darles un privilegio, sino una fortaleza frente al ataque de los poderosos, de tal manera que puedan tener la libertad para opinar, para votar, para criticar, para fiscalizar, sin verse expuestos a que por alguna de esas críticas alguien pueda dejarlo callado, mandarlo a los tribunales”, explicó.
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Para un proyecto de esta naturaleza es necesario que el Ejecutivo envíe una reforma constitucional que, dado los altos quórums que requiere, sólo sería posible de tramitar con un acuerdo transversal.
La misma publicación señala que Chadwick está trabajando en un documento final con las propuestas de reformas institucionales, entre las que también se encuentran la rebaja del número de parlamentarios y cambios al Tribunal Constitucional y al Consejo de Defensa del Estado.
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