Desde el Ministerio de Justicia también señalaron que el documento de Amnistía Internacional "no se refiere en profundidad" a los "más de 5.000 funcionarios de orden y seguridad que resultaron lesionados durante las protestas".
Desde el gobierno reiteraron su apoyo a Carabineros y expresaron que desde la institución “no ha existido un uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes”. Esto, en el marco de un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI), en el que señala que se vulneraron los DD.HH. durante las manifestaciones de octubre y noviembre del 2019.
El documento de la ONG llamado Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social, indica que el Alto Mando de Carabineros habría tenido conocimiento sobre los delitos, por lo que solicita indagar “todas las responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales, hasta el máximo nivel”.
Ante esto, desde el Ministerio de Justicia señalaron que ha tomado conocimiento del texto y “se analizará como se hizo respecto de los otros informes que recibió nuestro país el año pasado por parte de los órganos autónomos de derechos humanos (INDH y Defensoría de la Niñez), y de tres organismos internacionales (ACNUDH, CIDH y HRW)”.
Junto con condenar “toda conducta que atente contra los derechos humanos, en cualquier lugar, tiempo o circunstancia”, el gobierno “lamenta que éste (informe) realice aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas y se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y en sede judicial”.
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“Por otra parte, el gobierno reitera con fuerza que no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el Informe en base a antecedentes de limitado alcance”, añadieron.
Junto a lo anterior, destacaron que Amnistía Internacional “no se refiere en profundidad a los más de 2.800 eventos graves que ocurrieron en el país y más de 5.000 funcionarios de orden y seguridad que resultaron lesionados durante las protestas, como sí fue refrendado por los demás informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”.
Además, sostuvieron que el gobierno “ha impulsado desde un inicio un conjunto de medidas administrativas y legales para materializar la necesaria reforma a Carabineros de Chile, incluyendo la incorporación de nuevos medios para el control del orden público, el fortalecimiento del Plan de Formación de Derechos Humanos en todo el país y la modificación de Protocolos para el Uso de la Fuerza, entre otras medidas”.
Finalmente, concluyeron que “los estándares internacionales de Derechos Humanos exigen que el uso de la fuerza por parte de la policía deba guiarse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas“.
“Por ello, ante todas las denuncias que se han presentado, el gobierno de Chile ha apoyado permanentemente que estas sean debidamente investigadas, sancionadas y reparadas, cuando corresponda. Esto es lo que corresponde por parte de las instituciones en un Estado de Derecho democrático, pues ante violaciones de Derechos Humanos no puede haber impunidad para quienes cometieron o cometan delitos que así sean considerados por los tribunales de justicia”.
