Estas nuevas 6 acciones judiciales se suman a las 10 anunciadas durante el martes, lo que da un total de 16 querellas contra 34 personas “con nombre y apellido”, indicó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, confirmó este miércoles que se presentaron seis querellas en las que se invoca la Ley de Seguridad del Estado por las manifestaciones, tomas y movilizaciones que se realizaron durante las jornadas en que se tomó a Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Estas acciones judiciales se suman a las 10 anunciadas durante el martes, lo que da un total de 16 querellas contra 34 personas “con nombre y apellido”.
En detalle, Galli indicó que buscan llevar ante la justicia a quienes “han cometido, o al menos hay hechos que podrían constituir delitos de desórdenes, agresión a Carabineros, barricadas incluso porte y lanzamiento de bombas molotov”.
Es en ese contexto que el subsecretario indicó que en las denuncias presentadas ante el Ministerio Público “están los dirigentes de las ACES que incitaron y promovieron la interrupción de la PSU”.
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Galli añadió que los recursos se presentaron contra “aquellas personas que afectaron gravemente el derecho a acceder a la educación superior de estudiantes y que afectaron también a sus familias, familias de San Bernardo, de Quilicura, de Puerto Montt, de Copiapó, que vieron afectados este derecho”.
En la misma línea, agregó que “el compromiso nuestro es presentar las acciones judiciales e idealmente que el Ministerio Público investigue estos hechos y que si hay evidencia suficiente, sean sancionados duramente por la justicia”.
En detalle la Ley de Seguridad del Estado se inició en su artículo 6, letra C, en relación a “la incitación, lo promoción de la interrupción o afectación de un servicio de utilidad pública, que justamente lo que ocurrió tanto en los delitos de desórdenes como el llamado a interrumpir esta prueba”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
