La iniciativa será presentada durante el primer trimestre del 2025 y busca regular y generar mayores herramientas de fiscalización, además de protección a aquellos trabajadores que cumplen la labor de fiscalizadores. También apunta a la posibilidad de retención de documentación en caso del uso indebido de pase escolar o tarjeta de adulto mayor,
Este jueves el Ministerio de Transportes entregó detalles sobre el Plan Antievasión, y dio a conocer que presentará un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones a aquellas personas que no paguen el pasaje en el transporte público y fomentar el pago.
La iniciativa será presentada durante el primer trimestre del 2025 y busca regular y generar mayores herramientas de fiscalización, además de protección a aquellos trabajadores que cumplen la labor de fiscalizadores.
Asimismo, apunta a la posibilidad de retención de documentación en caso del uso indebido de pase escolar o tarjeta de adulto mayor, por ejemplo.
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De acuerdo al Ministerio de Transportes, el proyecto busca endurecer las sanciones relacionadas con delitos de lesiones contra el personal de fiscalización, tanto inspectores del Programa de Fiscalización como personal privado de las empresas prestadoras de servicios de transporte, de EFE y Metro, además de conductores y conductoras.
Asimismo, pretender aumentar facultades a prestadores de servicios del transporte público. En concreto, les permitiría retener y solicitar documentación en caso de detectar el uso indebido de un documento con beneficio; además de realizar las denuncias correspondientes ante los Juzgados de Policía Local.
En ese sentido, desde enero a la fecha, se han detectado 3.800 personas haciendo uso de Tarjetas Nacional Estudiantil (TNE) o Tarjeta Adulto Mayor (TAM) sin tener dicho beneficio. Quien utilice dichos documentos sin ser titular se arriesga a una multa de hasta 3 UTM, cerca de $200.000.
También se evaluará incorporar nuevas sanciones para las personas que estén en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI), que se sumará a la suspensión de licencia de conducir, permiso de circulación y retención de impuesto a la renta. Y se establecerá el envío de información periódica por parte de las instituciones que hacen efectivas las medidas del RPI.
Junto con ello, apunta a revisar la efectividad de las sanciones actuales, cuya multa va de 1 a 1,5 UTM (cerca de $100.000).
La meta de Transportes es cerrar el 2025, cumpliendo el compromiso de reducir la evasión en 10 puntos desde el inicio del plan.
La iniciativa comenzó a implementarse en noviembre de 2022, luego de que el no pago de la tarifa alcanzara un 45,8%. Desde esa fecha hasta la actualidad, el indicador ha bajado 7,6 puntos porcentuales y llega a 38,2%.
Sin embargo, las autoridades han afirmado que la cifra aún es alta, por lo que han dispuesto una serie de acciones para disminuir los números de evasiones.
Entre ellas, se encuentran las fiscalizaciones, así como la aplicación piloto del validador en la segunda puerta de las micros, como una medida para fomentar y facilitar el pago.
La multa por evadir el pago de la tarifa es de 1,5 UTM, es decir, casi $100.000.
A ello se suma que quien no pague la multa, es ingresado al Registro de Evasores, que desde su inicio (2018) a la fecha tiene 24.500 personas.
Las actividades están enmarcadas en el lema "Salgamos a jugar", por lo que el énfasis estará en los juegos tradicionales y la "transmisión intergeneracional de la riqueza cultural". La jornada se realizará en 16 regiones del país.
