El documento fue enviado por el Ejecutivo ante la preocupación manifestada por Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), ante la normativa que fue aprobada el 16 de enero pasado.
El gobierno de Sebastián Piñera aseguró en un documento dirigido al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) que considera que la ley “antisaqueos”, que fue impulsada como parte de su agenda de seguridad frente al estallido social, no atenta contra los derechos de reunión y asociación.
El texto fue entregado como una respuesta de La Moneda ante los reparos manifestados el 23 de enero por Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial del órgano dirigido por Michelle Bachelet, ante la normativa que modifica el artículo 268 del Código Penal y que fue aprobada el 16 de este mes.
Nyaletsossi envió al país una comunicación reservada en la que dio a conocer su preocupación y señaló que “si bien los actos de robo, saqueo o daños son conductas ilegales y punibles, en esta instancia el legislador parece estar fallando en distinguir entre interrumpir la libre circulación mediante violencia, y la simple interrupción durante las manifestaciones”.
“Que sea autorizada o no (una manifestación), instalar obstáculos o interponer vehículos en la vía pública en el contexto de las manifestaciones es un fenómeno común que no debe ser criminalizado”, afirma el texto, que indica que tampoco deben serlo “los participantes, ya que no equivale necesariamente a la violencia”.
Lee también: Entró en vigencia la Ley Antisaqueos: Tipifica como delito el denominado “el que baila, pasa”
El Relator Especial asegura que existe falta de claridad en la norma, lo que atentaría en contra de la “expresión legítima del derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación”, y expresa que lo anterior es preocupante en el escenario que vive el país desde octubre pasado, que se ha caracterizado “por el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes (incluyendo niños, niñas y adolescentes)”.
Además solicitó al Ejecutivo que explique cómo pretendía ajustar el marco normativo a los compromisos y estándares internacionales adquiridos por Chile y “garantizar la protección del derecho a la libertad de reunión pacífica, tanto a nivel administrativo como a nivel operativo”.
En la respuesta, que fue enviada a través de a Misión Permanente de Chile en Ginebra (Suiza) y fue publicada por un reportaje de Radio Bío Bío, el gobierno manifestó que considera “que no existe una afectación a las libertades de reunión y asociación”.
En la misma línea, aseguran que durante la tramitación de la iniciativa, que aumenta las penas para las personas que cometan saqueos, barricadas o el llamado “el que baila, pasa”, entre otras, las aprehensiones fueron consideradas “cuidadosamente”.
Lee también: Presidenta de la Asociación de Magistrados por jueza Andrea Acevedo: “No es admisible que se utilicen prejuicios”
“Tal como se señaló por senadores que intervinieron en el estudio del proyecto de ley, el derecho a reunión pacífica no se vería coartado por la tipificación de este delito, ya que, de acuerdo a un ejemplo puesto: ‘(…) si un grupo de personas se cruza de brazos e interrumpe completamente el tránsito en una calle (…) no queda sancionada por esta disposición”, dice el texto.
De este modo, se explica que las sanciones serán para quienes, para manifestarse, utilicen “barreras, estorbos, barricadas u obstáculos en general, ya que este tipo de elementos ponen en grave peligro la vida y la integridad física de quienes circulan en vehículos”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
