La acción judicial está dirigida en contra de todos quienes resulten responsables de este delito, el que incluye un secuestro y porte ilegal de armas. También se solicitó una investigación a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales.
El Gobierno presentó una querella por el secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda.
Los hechos se remontan a la madrugada del miércoles 21 de febrero, donde cuatro personas uniformadas de PDI, entraron a la residencia de Ojeda, en la comuna de Independencia, y lo tomaron por la fuerza. Hasta el momento, se desconoce su paradero.
Por ello, el Ministerio del Interior presentó una querella dirigida contra todos quienes resulten responsables de este delito, el que incluye un secuestro y porte ilegal de armas, señalando que el hecho genera un “inevitable temor en la población“.
La acción señala que “cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados en su conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie“.
“Esto, en atención a que, como será argumentado a continuación, con ocasión de la comisión del delito de secuestro se ve evidentemente alterada, y de forma grave, la seguridad pública, generando un inevitable temor en la población de ser víctima de ese tipo de delitos”, agregaron.
En el documento se solicita que se despache una orden de investigar a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, para enumerar a los posibles testigos, se solicite la entrega de registros audiovisuales, además de que se realicen las diligencias necesarias para lograr esclarecer los hechos.
Además, para que se establezca la relación entre los recientes hechos y otras denuncias anteriores, relacionadas también con delitos de secuestros, homicidios, tráfico de migrantes, trata de personas, amenazas condicionales y robo.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
