La justicia chilena busca su extradición desde Australia, donde Rivas ha permanecido detenida desde 2019. La Corte Federal de Australia aún debe revisar el proceso, mientras el Gobierno de Chile expresa su urgencia en resolver este caso para ofrecer justicia a las víctimas y sus familias.
El proceso de extradición de Adriana Rivas, exagente de la DINA, continúa en Australia tras la apelación de su defensa, que busca evitar su retorno a Chile, donde es requerida por la justicia por su participación en graves violaciones a los derechos humanos.
Rivas está acusada de secuestro calificado y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet. Entre las víctimas de estos crímenes se encuentran miembros del Partido Comunista y la activista Reinalda Pereira, quien se encontraba embarazada cuando fue secuestrada.
La exagente es señalada como coautora en los casos “Conferencia I”, “Conferencia II” y el episodio “Reinalda Pereira”. Las víctimas de estos crímenes incluyen a Reinalda Pereira, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Víctor Díaz.
En agosto, el gobierno australiano aprobó la extradición de Rivas a Chile, pero su defensa apeló ante la Corte Federal de Australia, argumentando que la Ley de Amnistía chilena, que protege a algunos autores de crímenes cometidos entre 1973 y 1978, debería impedir su extradición.
No obstante, la Corte rechazó este argumento, subrayando que el fondo del caso debe ser evaluado por la justicia chilena y que las leyes internacionales de derechos humanos prevalecen sobre las amnistías nacionales. La audiencia de revisión de la apelación se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre, con la presencia del embajador chileno en Australia, Jaime Chomali.
El Gobierno de Chile ha reiterado que la extradición de Rivas es una prioridad, dada la gravedad de los crímenes por los cuales se le imputa. Además, ha expresado su esperanza de que el caso, que ha estado pendiente durante años, se resuelva con celeridad para que las familias de las víctimas reciban una respuesta adecuada.
“Reiteramos nuestro profundo compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos, así como con la necesidad de que los responsables de graves crímenes rindan cuentas ante la justicia chilena”, indicó Cancillería, subrayando que espera que el caso se resuelva pronto para “dar una debida y oportuna respuesta a los familiares de las víctimas en su demanda por justicia.”
Entre las tarifas que experimentarán alzas están la de adultos, la tarifa escolar y superior, así como la de adultos mayores Metro Pensionado; sin embargo, la tarifa de adulto mayor integrada se mantendrá sin cambios.
