La iniciativa presentada por los ministerios de Justicia y Desarrollo Social y Familiar modifica el Código Penal para incluir los delitos de “prostitución infantil” y de “obtención de servicios sexuales de menores de edad”.
La ministra de Desarrollo Social y Familiar, Karla Rubilar, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, presentaron este miércoles un proyecto de ley que modifica el Código Penal y tipifica de mejor manera los delitos asociados a la explotación sexual de menores de edad.
De acuerdo a cifras del Sename, entre 2017 y 2019 se atendió a un total de 4.286 casos vinculados este tipo de situaciones, mientras que la mayor parte de las afectadas (88%) fueron adolescentes de 14 años o más.
Actualmente el Código Penal tipifica los delitos de “prostitución infantil” y de “obtención de servicios sexuales de menores de edad”, sin una mayor especificación, por lo que la iniciativa introduce un nuevo párrafo relativo al “proxenetismo, explotación sexual comercial, y pornografía de niños, niñas y adolescentes”.
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De este modo, se busca cambiar el delito de “prostitución infantil” por el de “explotación sexual de una persona menor de 18 años”, donde se considerará una pena mayor en los casos en que el ilícito se realice por la dependencia personal o económica del niño, niña o adolescente.
Además, se creará un nuevo artículo que regulará la producción, comercialización, importación, exportación, distribución, difusión y exhibición de material pornográfico infantil, sancionando a quienes a lo elaboren, adquieran y posean.
Al respecto, la ministra Karla Rubilar señaló que “al estar presente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en este proyecto, podemos generar sinergias y fortalecer las coordinaciones intersectoriales que nos permita hacer una reparación más efectiva y adecuada, haciéndonos cargos de todos estos niños y no solamente trabajando particularmente con el hecho de la explotación”.
Por su parte, su par de Justicia sostuvo que “la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es una de las más graves vulneraciones a los derechos humanos, y tiene la complejidad de ser un fenómeno difícil de abordar, dado su carácter clandestino, itinerante e invisible”.
“Por lo mismo, para poder combatir este flagelo, necesitamos actualizar nuestra legislación y particularmente modificar el Código Penal, para que los delitos que se asocian a estas prácticas estén debidamente tipificados y sean sancionados de la forma más dura posible”, añadió.
La iniciativa, impulsada por Conecta Mayor UC, la Pontificia Universidad Católica de Chile y El Mercurio, destaca a figuras de nuestro país mayores de 75 años y que aportan desde sus diversos ámbitos al país.
