"Indudablemente, afecta la seguridad pública", señala el Ministerio del Interior. La acción judicial no invoca la Ley de Seguridad del Estado.
El Ministerio del Interior se querelló en el marco del caso AK-47 por los delitos de tenencia de arma o elemento prohibido y por tenencia de municiones. Según consigna La Tercera, la acción va dirigida contra dos imputados que se encuentran en prisión preventiva.
“Los delitos contra la Ley de Control de Armas tienen una especial gravedad, pues, por un lado, atentan contra la seguridad ciudadana, (…) pero, por otro lado, las armas son objetos que suelen usarse para cometer delitos contra intereses individuales de primera importancia, como la vida, la salud individual o la propiedad”, señala la querella.
La misma relata que los imputados, Matías Ugalde y José Joaquín Valdés, habrían negociado una compraventa de un “arma de fuego de guerra tipo fusil, modelo AK-47 de manufactura rusa y un cargador de 36 municiones” por la suma de $1 millón y medio.
“Indudablemente, afecta la seguridad pública, generando en la población, o en un sector importante de ella, el temor de ser víctima de un delito”, agrega la acción judicial, que no invoca la Ley de Seguridad del Estado.
Ambos imputados fueron formalizados el 18 de febrero.
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En tanto, este martes el fiscal regional oriente, Manuel Guerra, descartó que la compra del fusil corresponda a un grupo de ultraderecha que pretendía realizar algún atentado.
“Tenemos simplemente delincuencia. Una de las personas formalizadas y son hechos públicos, ofrece una AK-47 que poseía a un segundo sujeto que pretendía comprarla para -a su vez- suministrarla en un determinado mercado y esa persona entendemos que tiene vínculos con delincuentes”, explicó en conversación con Radio Universo.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
