Gobierno inyecta recursos a proyecto de deudas alimentarias: Busca fortalecer tribunales y juzgados

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, ingresó indicaciones al proyecto de ley de responsabilidad parental y el pago efectivo de las deudas por pensiones de alimentos.

En definitiva, añadieron “precisiones en cuanto a la redacción referida al procedimiento especial de cobro de deudas de pensiones de alimentos, así como también un ajuste en los plazos de actuación de los tribunales relacionados“.

En ese sentido, dispusieron un gasto fiscal en régimen de $840.935 millones para fortalecer los Tribunales de Familia y Juzgado de Letras: la entrada en vigencia de la iniciativa podría implicar un aumento de las solicitudes y escritos que deberán resolver los tribunales

Lee también: Maltrato a las madres a través de sus hijos: ¿Qué es la violencia vicaria y el Síndrome de Alienación Parental?

Del mismo modo, piensan en un mayor gasto para el primer año de implementación de $55.586 millones por única vez para “desarrollar e implementar la funcionalidad del nuevo procedimiento en el actual módulo del sistema de tramitación de familia, desarrollo e implementación de formularios de trámite fácil y las interconexiones con las entidades que se requiera”.

Lee también: ¿En qué consiste el proyecto para realizar test de drogas a diputadas y diputados?

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la ley en el primer año será financiado con cargo a la partida presupuestaria del Poder Judicial. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria de Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiese financiar con tales recursos.

Para los años posteriores, el gasto será financiado con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes del sector público. 

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, detalló que “las instituciones financieras van a ser solidarias en la responsabilidad de ejecutar el pago, es decir, de no entregarle la plata al deudor. Hemos dispuesto una inyección de fondos para que los tribunales tengan recursos y funcionarios disponibles“.