La herramienta permitirá a las policías detectar a personas que hayan participado en delitos, reconocer a personas fallecidas e identificar a migrantes que hayan entrado de forma irregular a Chile. En total serán cerca de 35 dispositivos disponibles en la Región Metropolitana que serán implementados antes de fin de año.
El Gobierno Regional Metropolitano aprobó la inversión de casi $5 mil millones en un sistema que permitirá detectar a personas que han participado en delitos y extranjeros que estén en el país de forma irregular.
Se trata de un sistema de reconocimiento biométrico que, por medio de reconocimiento fácil y huellas dactilares, podrá distinguir también a personas fallecidas que no posean identificación, y que tiene como plazo ser implementado antes de fin de año.
La Policía de Investigaciones (PDI), el Registro Civil y la Interpol brindarán información comparando datos cruzados y antecedentes en tiempo real, que permitan agilizar los procesos investigativos.
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Claudio Orrego, gobernador regional metropolitano, aseguró que “se está dotando a las policías con las herramientas que aporten a la eficacia en la persecución del delito”.
“Nos ponemos al día en tecnología e infraestructura”, planteó el el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que agregó que se trata de “buenas noticias noticias para quienes habitan el espacio nacional y malas noticias para los que pretenden seguir delinquiendo y cometiendo acciones criminales”.
Se dispondrá de un equipo biométrico en cada una de las brigadas de criminalística de la PDI y se sumaran ocho puntos más que ayudarán al trabajo forense. Es decir, en la Región Metropolitana habrán cerca de 35 dispositivos.
“El foco principal es agilizar los tiempos de respuesta y desarrollar de mejor manera la labor investigativa”, dijo Eduardo Ullivarri, prefecto inspector de la PDI.
Alcaldes de distintas comunas también participaron de la presentación y valoraron la herramienta considerando los actos de delincuencia registrados en distintos lugares de la región.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
