En un documento de cinco páginas, el Ejecutivo respondió al informe el que constata violaciones a los DD.HH. Afirman que acogen las recomendaciones del Alto Comisionado y que serán estudiadas "con particular atención". No obstante, dicen que hay "una serie de afirmaciones y conclusiones" que contienen "información errada".
Este viernes, el equipo enviado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre, dio a conocer el informe con las conclusiones de su visita a Chile, a raíz del estallido social.
En el texto, el organismo advierte que Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control de asambleas y uso de la fuerza durante sus labores en medio de las protestas y manifestaciones desde el 18 de octubre.
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Ante esto, el gobierno respondió con un documento de cinco páginas en el cual afirma que acogen las recomendaciones del Alto Comisionado y que serán estudiadas “con particular atención”. No obstante, advierte la necesidad de “validar las fuentes de información”, con respecto a ciertos casos reportados de presuntas violaciones a los derechos humanos en las protestas y que hay “una serie de afirmaciones y conclusiones” que contienen “información errada”.
“En algunos casos, el informe afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso, en el marco del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país. En ese sentido, el Gobierno reitera la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia”, detalla el texto.
A continuación, el Ejecutivo señala que “las orientaciones y recomendaciones OACNUDH son bienvenidas, ya que tienen como objetivo mejorar prácticas en materia de derechos humanos, siendo estos una prioridad para el Estado de Chile. Sus recomendaciones contribuirán al análisis integral a que estamos abocados, en esta importante materia”.
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El texto indica que, ante las denuncias realizadas, el gobierno decidió como medida la “apertura de sumarios administrativos e investigaciones sumarias en Carabineros de Chile. A la fecha se han abierto 856 investigaciones administrativas, cuyos antecedentes han sido remitidos al Ministerio Público en forma simultánea”.
Asimismo, se tomaron otras dos medidas: restringir el empleo de perdigones, proscribiendo su uso para el control de multitudes y suspender el uso de perdigones, salvo para aquellos casos en que exista un peligro inminente a la vida de un policía o civiles.
En la respuesta enviada por el gobierno, se realizan además una serie de precisiones sobre afirmaciones que se indican en el informe ONU.
En el caso de las 26 muertes ocurridas en el marco de las manifestaciones, “cabe señalar que de esas 4 podrían atribuirse a agentes del Estado, tal como lo señala el informe. Los demás casos corresponden a fallecimientos atribuibles a otras causas, la mayoría de los cuales ocurrieron en el contexto de saqueos e incendios y no tienen relación alguna con las manifestaciones pacíficos. Todos los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público”.
Sobre las lesiones oculares, se señala que el informe no cuenta con las cifras reportadas por el Minsal. “Entre el 18 de octubre y 02 de diciembre se han atendido a 239 pacientes, de los cuáles 16 han sufrido pérdida total de la visión un ojo y 75 tienen visión normal. 148 pacientes están en evaluación de recuperabilidad”.
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“Adicionalmente, el Gobierno lamenta profundamente el caso de dos personas que han perdido completamente la visión en sus dos ojos”, agregan en este punto.
Se precisa también que, sobre las personas detenidas, “el informe señala que muchos de ellos son ‘jóvenes sin antecedentes penales’. Al respecto, cabe precisar que 78% de los casos registran al menos una detención previa. Además, 81% de los detenidos por saqueos había sido arrestado al menos una vez antes y 63% de los detenidos por desórdenes había sido detenido con anterioridad“.
“El informe se refiere a detenciones indiscriminadas y arbitrarias. Al respecto, cabe clarificar que el 95,1% de todas las detenciones efectuadas desde el 18 de octubre han sido declaradas legales por los Tribunales de Justicia”, detalla el Ejecutivo.
Este nuevo proceso electoral está programado para concluir a las 18:00 horas, momento en el que el Servicio Electoral comenzará a entregar los resultados de las votaciones.
