Durante la audiencia de cautela de garantías, el fiscal Armendáriz dio a conocer que Monsalve habría realizado levantamiento de cámaras en “otros recintos” además del restaurante peruano y hotel en Santiago, y que le pidió que detectives de la PDI que visitaran a la denunciante de violación en su contra.
A raíz de los nuevos antecedentes revelados por el Ministerio Público sobre el Caso Monsalve, el Gobierno prefirió tomar distancia y manifestar que, como Ejecutivo, no les corresponde opinar ni pronunciarse sobre un procedimiento judicial en curso.
¿Qué pasó?
Durante la audiencia de cautela de garantías de este miércoles, el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, dio a conocer ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que el exsubsecretario habría realizado levantamiento de cámaras en “otros recintos” además del restaurante peruano y hotel de los cuales se tenía conocimiento, ambos ubicados en Santiago.
Junto a ello, indicó que, lo que saben como organismo persecutor, “es que ha habido gestiones previas sin que mediara ninguna denuncia ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado”. En ese sentido, comentó que Monsalve “ordenó llevar a cabo diligencias con sigilo que -su señoría- no solo consistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima”.
“Y el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas, por parte del imputado. Se acercaron a su departamento. Y el imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones que él le pidió que se acercaran a la víctima”, añadió.
Reacción del Gobierno
Horas después, durante una actividad oficial, se le consultó a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, si el Ejecutivo estaba en conocimiento que Manuel Monsalve pidió que funcionarios de la PDI se acercaran a la víctima.
“Entiendo la preocupación, la inquietud y la pregunta, pero al Ejecutivo no le corresponde opinar ni pronunciarse sobre un proceso judicial que está en curso por resguardo obviamente a la independiente de los poderes“, respondió. “Esto ya no está en manos del Ejecutivo, ni opinar sobre algo que es parte de una investigación y que está resolviendo incluso, en particular, cautelar de garantías sobre la reserva o no de estos procedimientos justamente por distintas consideraciones: eficiencia de la investigación como protección a la víctima“, añadió.
No obstante, luego se le consultó cómo esta situación de Monsalve involucra al Gobierno. “Él está sometido ya como ciudadano a una investigación en curso que tendrá que dilucidar si en su rol como autoridad sus decisiones e instrucciones se ajustan a la ley, o infringe o incurren en delitos, como obstrucción a la justicia u otros”, contestó.
“Eso no lo podemos nosotros responder, es parte de la investigación, y justamente, para que se enfrentara como corresponde a la justicia, fue sacado del cargo”, agregó.
Finalmente, se le insistió a la ministra Vallejo sobre si la administración presidencial estaba en conocimiento de los antecedentes revelados por la Fiscalía. “Todo lo que ustedes saben que hemos informado es lo que el Gobierno supo. Todo. Lo que se le informó a la ministra, que ha reforzado la propia ministra, el subsecretario del Interior, el propio presidente, yo misma. Eso es la información que nosotros recibimos”, sostuvo.
“El resto es parte de las cosas que la propia investigación va a ir dilucidando y que son exposiciones, sea del ente persecutor, la Fiscalía, como la propia defensa. Respecto a eso, nosotros no nos podemos hacer cargo, porque es parte de la investigación en curso“, concluyó.
