Los abogados presentaron la defensa del ministro Muñoz ante la acusación constitucional interpuesta por la oposición por notable abandono de deberes. En el escrito, anunciaron que deducirán la cuestión previa debido a "haber acusado a dos personas por hechos distintos en un mismo libelo".
Este sábado, el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, a través de sus abogados Jorge Correa Sutil y Juan Correa Serrano, presentó su defensa ante la acusación constitucional interpuesta por la oposición.
El libelo acusatorio, ingresado por las bancadas de Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli, argumentaron que la causal es por notable abandono de deberes. Se le acusa de anticipar un fallo que tendría efectos patrimoniales importantes respecto a su hija y de no manifestar su inhabilidad.
Además, se le imputa no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar que su hija ejerció su función judicial fuera del territorio jurisdiccional.
En ese contexto, los juristas solicitaron que la acusación sea rechazada, argumentando que “el acusado no ha abandonado ninguno de los deberes que se le atribuyen”.
Los argumentos de la defensa
En primer lugar, señalaron que el ministro Muñoz se enteró de los contratos entre su hija y la inmobiliaria a través de la prensa, en una fecha posterior a la que el libelo atribuye la conversación de su hija con una ejecutiva de la empresa, en la “que falsamente se afirma le habría revelado los supuestos consejos del acusado”.
Cabe destacar que la acusación sostiene que Graciel Muñoz le señaló a una ejecutiva inmobiliaria del proyecto Eco Egaña que desistiría de dos promesas de compraventa y lo habría justificado diciendo: “Este proceso puede durar años, y no creo que quiera ni pueda esperar tanto, y te lo digo con conocimiento, no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema”.
Por su parte, el magistrado declaró en su defensa: “Jamás he aconsejado a mi hija no comprar departamento en el proyecto Eco Egaña; jamás le he adelantado decisión o criterio alguno sobre lo que se conoció o iba a resolverse en la causa Rol N°1085-2022, en que se conocían varios recursos de casación relativos al permiso ambiental de ese proyecto. Tampoco he dejado entrever o le he hecho insinuación alguna relativa a ese conflicto oa su decisión a mi hija Graciel Muñoz”.
Sobre este punto, los juristas reforzaron que el supuesto de que Graciel haya pedido poner término a los contratos de promesa por los comentarios de su padre es “absurdo”, ya que “el proyecto había obtenido la aprobación ambiental tan solo dos semanas antes, y la Corte Suprema había sido informada de ello”.
Además, recordaron que el voto de Muñoz en el máximo tribunal fue en contra de los intereses de la inmobiliaria y de su hija.
“¿Qué sentido tendría que el acusado buscara favorecer los intereses de su hija mediante una advertencia, si, por otro lado, votaba por una decisión que los perjudicaba?”, plantearon en el escrito.
No obstante, es cierto que el juez Muñoz se comunicó con su hija para consultarle sobre su vinculación con la inmobiliaria tras la publicación de una nota. Tras el caso, dejó constancia de los hechos el 23 de diciembre de 2023 en un expediente.
Separación de las acusaciones constitucionales entre Vivanco y Muñoz
Por otro lado, apelaron a la experiencia del magistrado, destacando su papel en la investigación sobre las cuentas secretas del general Augusto Pinochet y en las condenas a altos oficiales de la Dirección de Inteligencia del Ejército.
“La imputación de haber dado a conocer un acuerdo pendiente a su hija se funda únicamente en una declaración notarial, hecha por una persona que no ha comparado ni ante esta Cámara ni ante tribunal de justicia alguno para corroborar lo señalado; que no ha podido ser preguntada para verificar la credibilidad de lo señalado”, subrayaron.
Asimismo, señalaron que la acusación incurre en graves errores jurídicos, ya que “no pesaba sobre el juez Muñoz ningún deber de ejercer funciones correccionales o disciplinarias por la falta que se atribuye a su hija, y tampoco tenía el deber de denunciarla. No pueden abandonarse deberes que no existen”.
Por tanto, anunciaron que deducirán la cuestión previa, solicitando que se deseche de plano, sin entrar al fondo de la acusación.
“El fundamento principal de esa petición radicará en la circunstancia de haber acusado a dos personas por hechos distintos en un mismo libelo”, fundamentaron.
De acuerdo con lo anterior, la defensa agregó que un proceso no puede considerarse justo si en él una persona es acusada por las conductas de otra.
“Desarrollaré ante la Sala que, al entablar de manera conjunta como una sola acusación la que se dirige contra la ministra Vivanco y la de este juez, esta honorable Cámara infringiría derechos humanos que debe respetar por estar consagrados en tratados internacionales vigentes que ella misma ha aprobado y por la Carta Fundamental, que es base del orden institucional de la República. El Estado de Chile se haría responsable si tales violaciones llegaran a cometerse”, advirtieron.
Por tanto, al plantear la cuestión previa, los abogados Sutil y Correa solicitarán la división de los libelos, puesto que concluyen: “La única relación entre las imputaciones que se hacen a ambos acusados, el hecho de pertenecer a un mismo tribunal y una misma causal, no justifica, ni de cerca, la aberración en que incurre esta acusación”.
