La máxima autoridad de Carabineros dijo que dos de los funcionarios del operativo en que murió Catrillanca tenían cámaras: sólo uno la llevó al lugar. Además, explicó por qué el único que tenía las imágenes de la acción en el lugar lo borró todo.
El general director de Carabineros, Hermes Soto, entregó detalles de la irregularidad al interior de la institución en el Caso Catrillanca ante la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
En la instancia, que comenzó a eso de las 17:30 horas, la máxima autoridad de la institución aseguró que dos de los cuatro funcionarios que fueron al lugar de los hechos tenían cámaras GoPro de encargo personal.
“Al final se estableció que unos de ellos la llevó y el otro no, por lo tanto, los dos debieron haber andado con sus cámaras en ese lugar”, precisó.
Mira también: Quién es Jorge Atton, el nuevo intendente de La Araucanía experto en ciberseguridad
Además, Soto explicó qué tipo de imágenes había en la tarjeta de memoria que fue destruida y que habrían contenido las únicas imágenes de lo ocurrido en la muerte de Catrillanca: “según lo señalado por el funcionario eran imágenes personales de una situación personal con su señora, con su pareja, y que él no quiso que se hicieran públicas o que se conocieran por otras personas”.
“Toda la institución fue dañada por una mentira imperdonable cometida por uno de los nuestros”, enfatizó el general director al cierre de su intervención.
FOTO :PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO
A la salida de la cita, Soto contestó preguntas de la prensa.
“Hay situaciones irregulares que ocurrieron en esta oportunidad en el procedimiento y, por supuesto, esas situaciones de inmediato fueron puestas en conocimiento de las autoridades políticas y del Ministerio Público en forma inmediata por parte del mando de la institución”, subrayó.
Sobre lo ocurrido, volvió a señalar que “me sentí absolutamente traicionado, y la institución lo siente así también”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
