Sugerían jueces y torturaban gendarmes: La historia de cómo Manuel Contreras y la DINA manipularon al Poder Judicial chileno

El hallazgo de una serie de archivos secretos de la dictadura cívico-militar reveló las comunicaciones secretas y la injerencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) en el Poder Judicial y en ministerios clave del Ejecutivo.

Un reportaje de Radio Bío Bío reveló la trama de cómo Manuel “Mamo” Contreras, director del organismo represor que funcionó entre 1973 y 1977, escribió órdenes a la Corte Suprema, a los ministros del régimen, a Gendarmería, al Consejo de Defensa del Estado, a Cancillería y Defensa.

La primera medida señalada dentro de esta historia se remonta a febrero de 1974, cuando Contreras ordenó el retiro de la genderme Betsabé Soto de la cárcel de San Antonio del servicio de prisiones. La razón: “Habérsele comprobado su participación en actividades políticas favorables al régimen marxista depuesto, las que desarrollaba dentro del penal, durante el cumplimiento de sus obligaciones funcionarias”.

La decisión, en su calidad de jefe de Zona en Estado de Guerra, fue acatada sin reparos por el Ministerio de Justicia.

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Sugerencia de jueces

Otro de los hitos dentro de la política de intervención en el Poder Judicial de la dictadura ocurrió en junio de 1974, tras la creación legal de la DINA, cuando el régimen pidió directamente a la Corte Suprema que dejara de revisar los fallos emitidos por los tribunales militares a través de un oficio reservado.

“Por razones de orden práctico, y especialmente referentes a la seguridad nacional, se considera que no sería prudente hacer partícipe a la Excelentísima Corte Suprema cuando los tribunales militares entran en funciones por encontrarse el país, de hecho, frente a una guerra exterior”, escribió el ministro de Justicia, Gonzalo Prieto.

El funcionario además agregó que sólo al gobierno le correspondía calificar si el país estaba en una guerra interna, y días después, el presidente de la Corte respondió sin deslizar cuestionamientos.

En paralelo, el “Mamo” comenzó a sugerir quiénes debían ser designados como funcionarios y jueces en las cortes del país, como una estrategia para asegurarse de que no sería juzgado por sus crímenes. Así lo demuestra un documento en que la DINA sugería un candidato para la Corte de Apelaciones de Santiago ante el subsecretario de Interior, Enrique Montero.

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Torturas a gendarmes

Por orden de Pinochet, Contreras era responsable de fiscalizar todas las contrataciones de funcionarios en el Estado, y dentro de sus funciones, se encargó de fiscalizar todas las contrataciones de funcionarios en el Estado.

Contreras temía sobre todo la presencia e infiltración de militantes comunistas en Gendarmería, y le desagradaban los funcionarios que no eran leales a sus designios, por lo que durante algunos años acumuló oficios con nombres de agentes que le parecían sospechosos.

Entre ellos se encontraba Juan Sanhueza, ex alcaide del presidido de Concepción, que fue acusado de otorgar un trato humanitario a los prisioneros, y el teniente y jefe de guardia Francisco Fuentealba Riquelme, apuntado como comunista y delatado por tener “actitudes nocivas en su carrera funcionaria”. Bajo estos argumentos, el organismo represor inició torturas contra algunos de los sospechosos.

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Frenar investigaciones contra la DINA

En 1976, uno de los incidentes que molestó seriamente a Contreras fue que el juez Tomás Dahm investigara a uno de sus agentes, Osvaldo Romo, quien se especializaba en la persecución al MIR y la violación de mujeres, por lo que escribió al presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre reclamando que Dahm hiciera “preguntas que son netamente de Inteligencia, para resguardo de la Seguridad Interior de Estado”.

Dahm insistió en su intención de capturar a Romo, por lo que el “Mamo” envió un nuevo oficio a la Corte Suprema, en la que mintió al asegurar que la DINA no tenía participación en los hechos señalados y que “sus palabras prepotentes e insolentes tratan de dejar establecido un hecho irreal”.

Finalmente, la Corte Suprema respondió a Contreras que las actuaciones de Dahm eran parte de sus atribuciones, pero instruyó al magistrado para que limitara el ámbito de su investigación, sin ahondar mayormente en las operaciones y estructura de la DINA.

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