El Dr. Humberto Verdejo, director del depto. de Ingeniería Eléctrica de la U. de Santiago, aseguró que hay una contradicción en la iniciativa que busca bajar la rentabilidad a las eléctricas. “El objetivo de la política pública se ha extraviado”, sostiene, afirmando que bajarían los recursos disponibles para seguridad y estabilidad del servicio al privilegiar una baja “marginal” en la tarifa.
Antes de llegar a cada hogar, la energía pasa por un proceso que incluye su generación, transmisión y distribución. Cada uno de estos tres segmentos se constituye de las empresas que poseen los activos e infraestructura necesaria para el proceso completo.
Así, para cada una de las tres industrias, los procesos tienen costos que son los que terminan integrando el valor final de las cuentas que mes a mes hay que pagar.
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Generar electricidad representa hasta el 70% del total de la cuenta. El segundo proceso, asociado a la transmisión, de acuerdo a la zona geográfica del cliente, puede llegar a alcanzar un 10% de la boleta. Finalmente, el uso de las redes de distribución tiene un tope de 20% en promedio.
El Dr. Humberto Verdejo es director del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile y considera que “hasta los eventos de corte de suministro que ocurrieron durante el invierno de 2017, las empresas eléctricas estaban en una inercia tremenda”.
Como consecuencia, explica Verdejo, posterior a dichos episodios, y por primera vez, se generó una Norma Técnica de Calidad de Servicio para los sistemas de distribución, que tenía por eje principal disminuir los tiempos de reposición ante los cortes de luz -que incluso, en ese año, costaron la vida a una mujer electrodependiente-, mejorar la atención a los clientes en condiciones de emergencia e incorporar el Sistema de Medición, Monitoreo y Control, que trajo consigo los polémicos medidores inteligentes.
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El académico explica que, para cumplir con el conjunto de medidas, las empresas deben aumentar las inversiones en la red eléctrica y enfocar recursos en sistemas de atención a los clientes para fortalecer tanto la seguridad como la calidad del servicio.
-¿Cuál es la situación actual?
-Tanto el gobierno como el Congreso se han concentrado exclusivamente en el nivel de la rentabilidades de las empresas, postergando la urgencia de fortalecer las redes eléctricas para evitar episodios como de la última semana de mayo de este año, cuando incluso se presentaron demandas colectivas contra algunas empresas.
También han postergado la imperiosa reforma del sector para introducir competencia, lo que permitiría bajar las cuentas. En este contexto surge el proyecto de ley corta de distribución, el cual a la vez que busca reducir la rentabilidad de las empresas, también tiene por objetivo bajar el monto total de las boletas residenciales.
Este proyecto de ley apunta en el sentido contrario. Es decir, reducir la tasa de descuento que valoriza las inversiones necesarias en la red eléctrica, es también reducir los recursos con los que se podría mejorar la seguridad y estabilidad del servicio eléctrico.
-Entonces, el dilema es pagar menos, pero continuar con las intermitencias que año a año se experimentan en el servicio; o continuar pagando lo mismo, pero exigiendo un servicio mejor
-Claro, esta propuesta que resulta ser mediática -porque no hay persona a la que le guste la idea de pagar más-, tendrá un impacto poco significativo en las cuentas residenciales finales y, más aún, apunta en el sentido contrario de garantizar una mejora en la calidad y seguridad de servicio, haciendo evidente que el objetivo de la política pública se ha extraviado.
Lo cierto del proyecto de ley, que busca establecer un giro único por empresa y una tasa de rentabilidad ajustada que podría fluctuar entre el 6% y 9% como tope, es que no tiene un impacto significativo en la disminución de las tarifas ni en mejorar la calidad de servicio para las personas.
-Estamos en presencia de una paradoja…
Sí, y he aquí la paradoja: con el proyecto de ley, el objetivo de política pública apunta sólo a la empresa y no en el cliente final. El efecto es la incertidumbre en el sector y el desincentivo a la inversión en infraestructura y continuidad de suministro. Todo lo contrario a lo que las personas exigen: seguridad y calidad del servicio. Todo lo contrario a lo que establece la Norma Técnica vigente.
-Disminuir el valor de las boletas, por tanto ¿no tiene un impacto positivo?
-El gobierno pretende generar un impacto positivo en la ciudadanía con la disminución de las tarifas al ajustar la tasa de descuento, pero ¿se logrará esto de manera efectiva y significativa, cuando también se propone afectar directamente el reconocimiento de las inversiones de las empresas, que es necesario para mejorar la infraestructura de la red y así fortalecer la seguridad y calidad de servicio?
– ¿Entonces?
Entonces ¿qué viene primero, reducir ingresos al sector privado con un impacto marginal en la cuenta de la luz o mejorar la calidad y seguridad de un servicio básico para la vida de las personas? Lo racional es partir por el nivel de servicio que las personas recibirán, las inversiones requeridas y después discutir la rentabilidad. Primero la carreta, después lo bueyes. El proyecto de ley “corta” hace todo lo contrario.
Las actividades están enmarcadas en el lema "Salgamos a jugar", por lo que el énfasis estará en los juegos tradicionales y la "transmisión intergeneracional de la riqueza cultural". La jornada se realizará en 16 regiones del país.
