Un informe realizado por una empresa externa revela casos de acoso a practicantes, castigos a la maternidad y notorias diferencias salariales entre las fiscales mujeres y sus pares.
El Estudio de Diagnóstico de Género del Ministerio Público, encargado una empresa externa, reveló una serie de problemáticas que afectan a las funcionarias de la Fiscalía, de cara al Plan de Política de Género que la Fiscalía Nacional planea realizar para fines de este año.
En el informe, de acuerdo a los detalles consignados por el diario La Tercera, se advierte la existencia de una notoria brecha salarial entre las fiscales mujeres y sus pares, además de situaciones de acoso sexual a estudiantes en práctica y la falta de aplicación de protocolos internos en cuanto a la persecución penal en delitos de violencia intrafamiliar.
El análisis, realizado por la consultora Isónoma, detalla que la institución cuenta con una política de sueldos que posee una estructura definida por grados, cuya brecha salarial es de -21,4% (en promedio) para las mujeres.
“La mayor brecha salarial se ubica en el estamento de Fiscales (-10%), seguido del estamento de Auxiliares (-6%)”, “no evidenciándose ninguna variable objetiva que pudiese explicar este tipo de desigualdad salarial (más allá de la presencia mayoritaria de varones en el cargo de fiscales adjuntos jefes, cargo que es de confianza del/de la Fiscal Regional y que por tanto no responde a criterios necesariamente objetivos)”, precisa el documento.
También se observa una diferencia de brechas por grados y años de contrato en la Fiscalía. Por ejemplo, mujeres que llevan 13 años o más en la institución tienen una grieta salarial sobre el 20% en comparación a sus pares hombres. Incluso, en casos de funcionarios que llevan menos de un año, la diferencia de sueldos alcanza el 58,8%.
El estudio revela también la existencia de casos de acoso sexual y laboral que han sufrido mujeres al interior de la Fiscalía. “Es necesario indicar que la mayoría de estos casos fueron vivenciados por mujeres, particularmente estudiantes en práctica, lo cual es preocupante, además, porque en muchas ocasiones las jóvenes no denuncian el acoso sexual, ya que la mayoría no identifica que es víctima de dicha forma de violencia”.
Se advierte que en la mayoría de los casos, “tiene peso importante el hecho de que su situación podría empeorar si se quejan del comportamiento inadecuado de alguna jefatura, sustentándose en una relación de poder que ubica a la víctima en una posición de vulnerabilidad“.
Asimismo, se reconocen que aún se castiga a las mujeres embarazadas cuando vuelven de su posnatal “con prácticas como sobrecarga laboral, cambios en la infraestructura que deja sin lugar de trabajo a la mujer-madre, entre otros”.
Se evidencian a la vez algunos problemas con respecto al uso del lenguaje entre funcionarios: “Se observa una gran diferencia por sexo, en que las mujeres tienden a mostrar mayor incomodidad ante ‘chistes’ o ‘bromas’ de contenido sexual en el espacio laboral, destacando lo que ocurre con las abogadas asesoras y abogadas ayudante de fiscal”, asegurando que “se detecta incomodidad en ciertos miembros de la institución ante el uso de expresiones sexistas y homofóbicas“.
Por último, se indica que a pesar de la existencia de documentos para perseguir delitos contra mujeres y niños, niñas y adolescentes, “un alto porcentaje de fiscales, abogados/as asistentes y abogados/as asesores, declara no tener conocimiento de ellos“.
El análisis detecta algunos puntos a favor, como la creación de una unidad encargada de hacer frente a la “necesidad de profundizar sobre el rol que tiene la Fiscalía ante la violencia de género“, una paridad de género en la dotación de la institución, y que la mayoría de los y las fiscales “reconocen los delitos sexuales y los delitos vinculados a violencia de género, como prioritario“.
Entre las propuestas que entrega este Estudio de Diagnóstico está la realización de capacitaciones para funcionarios y la creación de normativas internas para tener una política de género. Estos temas serán abordados en un seminario en la Fiscalía Nacional.
Los resultados de este informe servirán de insumo a la institución para realizar su política de género de aquí a diciembre de este año.