La iniciativa tiene por objetivo esclarecer las responsabilidades de organismos públicos como la Superintendencia de Pensiones en materia de fiscalización.
La diputada Gael Yeomans (FA), junto a los parlamentarios de oposición Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gastón Salgado (PS), Raúl Soto (DC) y Daniel Núñez (PC), anunciaron la creación de una comisión investigadora, para esclarecer las responsabilidades de los organismos públicos, como la Superintendencia de Pensiones, en la entrega de las pensiones de invalidez.
Esto, a raíz de distintas denuncias por presuntas irregularidades en dicho proceso de parte de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
“Frente a la gravedad que hemos visto en las denuncias que han trascendido en la prensa respecto a esta práctica, que es un boicot ilegal que realizan las AFP para no conceder las pensiones de invalidez a los afiliados, parlamentarios de distintas bancadas de oposición estamos impulsando esta comisión investigadora, acogiendo la solicitud de la Coordinadora No Más AFP de investigar los hechos”, indicó Gael Yeomans.
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En la misma línea, añadió que “quienes se ven principalmente perjudicados son personas que están en condiciones gravísimas de enfermedad, que pierden su fuerza física o intelectual y quedan imposibilitados, total o parcialmente, de trabajar y que hoy no pueden acceder a sus pensiones de invalidez, pese a haber cotizado para tenerlas. Aquí hay una vulneración de un derecho y nos parece impresentable que así sea”.
“La Superintendencia tiene un rol de fiscalización y sin embargo no hemos visto que se haya realizado nada hasta el momento desde el 2008, fecha en que se denuncia que se inicia esta práctica irregular”, puntualizó.
Por su parte, el diputado Raúl Soto (DC) manifestó que “creemos que esta situación amerita ser fiscalizada, investigada y que nos pongamos a trabajar en una regulación mucho más fuerte y adecuada en esta materia”.
Asimismo, precisó que “pretendemos llegar al fondo del asunto, a la verdad, y poder corregir las situaciones para hacer justicia con los pensionados de invalidez y todos aquellos que, mereciéndolo, no han podido acceder a este importante beneficio”.
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Por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda (de la Federación Regionalista Verde Social) confirmó su apoyo a la solicitud indicando que esto tiene por objetivo revisar “la compatibilidad de salud laboral, las licencias médicas, lo que tiene que ver también con las mutuales y con las enfermedades profesionales”.
“Aquí hay todo un tema que tiene que ver con la salud de los trabajadores que, lamentablemente, no se ha enfrentado como corresponde. Es cierto que en el gobierno anterior se colocó la política de salud laboral, sin embargo, esa política no se ha traducido en leyes que sean coincidentes con ella y es por eso que esta instancia de fiscalización no sólo tienen que ver con los actos de Gobierno, de las distintas instituciones como el Compin, la Comere y la Suseso, sino también cómo se ha avanzado en salud laboral”, agregó Sepúlveda.
Las denuncias fueron interpuestas por la Fundación Valídame ante la Fiscalía Nacional Económica, en base a testimonios de trabajadores de la AFP Provida y personas afectadas por la entrega de pensiones de invalidez, quienes denuncian la manipulación y obstaculización en la entrega de dichas pensiones.
La iniciativa, impulsada por Conecta Mayor UC, la Pontificia Universidad Católica de Chile y El Mercurio, destaca a figuras de nuestro país mayores de 75 años y que aportan desde sus diversos ámbitos al país.
