La directora del instituto presentó el informe en una ceremonia que sea realizó por primera vez en la Villa Grimaldi y a la que asistió el presidente Gabriel Boric. Revisa todos los detalles del reporte.
Este lunes, el Institucional Nacional de Derechos Humanos (INDH) hizo entrega de su informe anual, el que, entre otras cosas, menciona críticas a la labor del Estado para proveer seguridad en la zona sur del país.
La directora del instituto, Consuelo Contreras, presentó el reporte en una ceremonia realizada, por primera vez, en el Parque por la Paz Villa Grimaldi y a la que asistió el presidente Gabriel Boric.
Contreras se refirió en especial al capítulo que aborda la violencia en la zona centro sur de Chile y planteó una de las críticas que ofrece el documento: “advertimos las limitaciones de la información disponible y también vimos la necesidad de evaluar las estrategias de seguridad desde la perspectiva del derecho a la seguridad y sus garantías vinculadas”.
También mencionó los reparos al actuar estatal por las adopciones irregulares entre los años 60 y los 90, un tema por primera vez abordado en los informes. “No existen los mecanismos necesarios ni una instancia estatal especialmente dirigida a (…) la obtención de verdad, justicia, reparación y restitución de las víctimas a sus familiares de origen”, indicó.
El Presidente Gabriel Boric, el ministro de la Corte Suprema Mario Carroza, la senadora Isabel Allende y la diputada Carmen Hertz reciben el Informe Anual Situación de los DD.HH. 2023 a nombre de los poderes del Estado. pic.twitter.com/H161DI8rWo
El capítulo 1 aborda los “50 años del golpe de Estado” y analiza los “avances y deudas en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de justicia transicional”. Se recopilaron las recomendaciones que el INDH ha hecho al Estado y se incluyeron las de las comisiones de verdad y los órganos de los tratados ante los que Chile rinde examen.
Así, el 73% de las recomendaciones están parcialmente cumplidas o pendientes. Entre otras cosas, plantea que “es particularmente grave” que hasta ahora siga vigente el Decreto Ley 2.191 de Amnistía, pese a que hay un avance en una jurisprudencia uniforme que lo declara no admisible.
El capítulo dos trata las “violencias y vulneraciones de derechos humanos en las regiones del centro sur de Chile” y expone brechas en variados derechos, entre ellos la seguridad personal, en cuanto a su respeto y garantía de parte del Estado para quienes viven en la zona. Además, muestra que la adopción de medidas ante la violencia no es homogénea.
También se aborda la obligación del Estado de investigar y sancionar los delitos que vulneran los derechos analizados en este capítulo. Se indica que una mayor calidad del análisis delictual podría contribuir a un diagnóstico más acertado de las causas de los hechos violentos y, como consecuencia, mejorar la convivencia entre los habitantes de la zona.
3.- Discriminación
El capítulo 3 aborda el “principio de no discriminación y derechos sociales”, en especial en tres grupos de especial protección: mujeres, personas con discapacidad y personas LGTBIQ+. Si bien existen avances normativos por parte del Estado, se plantea que su efectividad es dudosa.
Tambipen se menciona que no están asegurados los recursos financieros para ciertos ámbitos de la educación, tampoco existe capacitación adecuada para los profesionales de la salud y falta una adecuada evaluación de la normativa antidiscriminación.
4.- Función policial
El capítulo 4, llamado “informe sobre la función policial y el orden público”, evalúa el cumplimiento de las más de 300 recomendaciones que ha planteado el INDH desde 2011 respecto de la actuación de la fuerza policial.
El texto apunta a que aún se requiere avanzar, considerablemente, en la adecuación de la conducta policial a los estándares internacionales de derechos humanos y en el establecimiento de un efectivo control del poder civil sobre las policías.
5.- Desastres y respuesta del Estado
El capítulo 5 se refiere a la “gestión de desastres en Chile desde la perspectiva de los derechos humanos”.
El texto concluye que los desafíos concretos que enfrenta el Estado tocan a la disminución de la brecha entre lo que enuncia su diseño y lo que se ve en su implementación.
Señala que se requiere robustecer no solo la institución del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), sino mejorar la coordinación con otros servicios.
6.- Adopciones irregulares
El capítulo 6 aborda “derecho a la identidad y a la convivencia familiar frente a secuestros y adopciones irregulares de niños y niñas en Chile”.
El informe ve la actuación del Estado ante las llamadas adopciones irregulares entre los 60 y los 90.
Se detectó que faltan mecanismos o instancias especialmente dirigidas a la modernización de las adopciones, el reconocimiento de víctimas y la obtención de verdad, justicia, reparación y restitución de las víctimas a sus familiares de origen.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
