La acción judicial acusa incluso que una de las víctimas, además de recibir un chorro de agua, fue impactada por una bomba lacrimógena, resultando en contusiones y otras lesiones. El organismo también denunció que el trato de los uniformados violó los estándares básicos de uso de la fuerza y el derecho a la libertad de expresión.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sede en la Región Metropolitana, interpuso este lunes una querella por apremios ilegítimos contra estudiantes por parte de funcionarios de Carabineros el pasado 12 de septiembre.
Estas acciones habrían ocurrido durante la detención de cinco estudiantes en el Liceo N.º 1 Javiera Carrera durante un acto en conmemoración de los 51 años del golpe de Estado. Cuatro de las detenidas eran menores de edad.
La jefa de la sede metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, aseguró que el procedimiento policial tuvo un uso de fuerza “absolutamente injustificado, desproporcionado y fuera de todo marco permitido” y que viola no solo la Ley, sino los protocolos de Carabineros y los derechos humanos y de los niños.
La querella acusa que los funcionarios de Carabineros que detuvieron a las adolescentes lo hicieron de una manera desproporcionada y que cuatro de las detenidas fueron arrestadas sin razón, recibiendo aerosoles irritantes en el rostro y siendo “arrastradas” durante la acción policial.
Una quinta víctima recibió un chorro de agua en la espalda por parte del carro lanzagua de la institución policial, provocando que se cayera y en el suelo volviera a ser rociada con agua, recoge Radio Biobío.
El INDH también denunció que esta joven habría recibido una bomba lacrimógena que un funcionario policial le habría lanzado, siendo trasladada a un SAR en la comuna de Pudahuel y posteriormente al Hospital San Juan de Dios.
El organismo también señaló que la agresión le provocó una contusión cervical y otras lesiones a la víctima. Además, sostuvo que durante la detención “no se cumplieron los estándares básicos para justificar el uso de la fuerza pública en este caso”.
“Las víctimas sufrieron un trato cruel, inhumano o degradante en circunstancias que ejercían su derecho humano a la libertad de expresión y circulación“, añade la misiva.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
