A partir del indulto que entregó el presidente Gabriel Boric a 13 personas, entre ellas el ex miembro del FPMR, Jorge Mateluna, la oposición reaccionó rápidamente y en conjunto anunció una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, e incluso llamados a su renuncia.
Tras el anuncio que dio a conocer el gobierno sobre el indulto a 13 personas, entre las que 12 son condenadas por hechos ocurridos durante el estallido y la otra el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna, la oposición decidió suspender de forma indefinida su participación en la mesa de seguridad y anunció una acusación constitucional contra la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.
En ese contexto, parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigieron la renuncia inmediata de la ministra Ríos, liderados por el subjefe de la bancada, Juan Antonio Coloma. El detonante, sostienen, fue la equivocación de la nómina inicial del indulto, en el cual lo calificaron como un “error inexcusable”.
“La ministra de Justicia tiene la obligación de responder con su cargo por el bochorno que acaba de cometer el Gobierno. Incluir por error a dos personas dentro de la nómina de indultos, y luego otorgarles el beneficio simplemente por la equivocación que cometieron, es razón más que suficiente para que dé un paso al costado lo antes posible”, señaló la bancada de diputados UDI.
Y agregaron que “estamos frente a una administración completamente amateur, que ni siquiera es capaz de anunciar de manera correcta una situación tan delicada como el otorgamiento de indultos presidenciales”.
En ese sentido, evaluaron una posible acusación constitucional contra la secretaria de Estado, así lo confirmaron los parlamentarios Juan Antonio Coloma, Cristián Labbé y Cristhian Moreira, en el cual advirtieron que si la titular de justicia no renuncia a su cargo en las próximas horas “nos obligará a impulsar distintas acciones en contra de ella” y recalcaron que “no vamos a dudar ni un segundo en ejercer todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, porque estamos hablando de un error de proporciones que no tiene justificación”.
Y solicitaron que “que la ministra de Justicia, por el bien de nuestro país, dé un paso al costado durante esta jornada. Sería inaceptable que se mantuviera en el cargo después de este grave desacierto”.
Respaldando a los diputados, el presidente del partido, Javier Macaya, señaló que “es una señal muy contradictoria” y aseguró que “es una pésima medida que al final, más que faltar el respeto a un sector político a propósito de un acuerdo, le falta el respeto a los chilenos”.
Sobre las personas que recibieron el indulto, advirtió que “son personas que cometieron delitos graves”, en el cual rechazaron de forma unánime el indulto a Mateluna.
En tanto, los parlamentarios en una declaración que firmaron como bancada, consignaron que “manifestamos nuestra decisión de suspender de forma indefinida la participación en la mesa de seguridad con el Gobierno y, en su defecto, iniciaremos un trabajo para promover nuestras propias iniciativas legales en la Cámara de Diputados, las que sin duda tendrán como foco principal la protección y seguridad de los chilenos, quienes claman por herramientas legales y eficaces para enfrentar los actuales flagelos”.
Y advirtieron que “mientras el presidente de la República no actúe en consecuencia y se defina entre la seguridad de los chilenos o la defensa de los delincuentes y terroristas, como bancada de diputados de la UDI no seguiremos buscando ningún tipo de consenso”.
“El presidente ha desahuciado la mesa de seguridad”
Otra de las reacciones de la oposición fue de Renovación Nacional, en el cual emplazó el Ministerio de Justicia que debe responder “políticamente por esta decisión” y catalogó como una acción “nefasta” el indulto firmado por el mandatario.
“El Ministerio de Justicia debe responder políticamente por esta decisión. Si bien la potestad de indultar es del presidente Boric, lo cierto es que esta nefasta decisión se vio agravada por una errática y dudosa conformación en el listado de los indultados. Pues bien, esa tarea corresponde al Ministerio de Justicia, que una vez más expone al Estado de Chile al bochorno de malas decisiones. En ese contexto, como Renovación Nacional hemos tomado la decisión de impulsar una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos”, afirmaron en su comunicado.
En cuanto, a su participación en la mesa de seguridad, responsabilizaron al jefe de Estado “que ha desahuciado la mesa de seguridad” y alertaron que “en estas condiciones, para Renovación Nacional es tremendamente difícil seguir participando”.
Por su parte, el timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, agregó que es “terminar el año y comenzar el próximo con un indulto a aquellos que han sido protagonistas de la violencia, sin lugar a dudas es una mala señal“.
Además, el parlamentario, Diego Schalper, adelantó que “después de una reflexión como Renovación Nacional, hemos tomado la decisión de impulsar una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos (…) Vamos a impulsar una agenda de seguridad propia”.