"Se habría entorpecido y dilatado el procedimiento de acceso a la información pública", especialmente relacionada a la pandemia y al estallido social, señaló el organismo, que multó con hasta el 75% de su remuneración en el caso de Daza. Las sanciones se extendieron a Cristián García-Huidobro en la división jurídica del Interior y a Álvaro Bellolio en Extranjería y Migración.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió sancionar a la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza y al subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, en medio de procesos administrativos que el organismo llevó en contra de ambas instituciones, entre otras cuestiones, por “denegación infundada y reiterada de la entrega información solicitada vía Ley de Transparencia“.
En suma, las sanciones alcanzarían un 75% de la remuneración promedio anual de Daza, y de un 65% en el caso de Dougnac. Asimismo, el CPLT anunció que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, sería sancionado con un 30% de su remuneración promedio por las mismas causales.
El organismo informó que las faltas se dilucidaron a partir de la verificación de entregas de información fuera de plazo o solicitudes en las que no se entregó lo requerido, especialmente relacionadas con la pandemia por COVID-19.
“En plena pandemia y estallido social, respetar derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información es clave, esto lo ha establecido la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su primera resolución en marzo de 2020, a propósito de derechos fundamentales y estados de excepción”, afirmó la presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente.
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Ley de Derecho de Acceso a la Información
El órgano recordó que, entre sus deberes, está el “garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Derecho de Acceso a la Información y que fueron dirigidos a los jefes de servicios de las entidades públicas mencionadas”.
Junto a eso, confirmó que “en los tres casos se pudo evidenciar que se habría entorpecido y dilatado el procedimiento de acceso a la información pública, por falta de respuesta en la forma y plazos señalados en la Ley de Transparencia ante requerimientos realizados al servicio”.
“Los ciudadanos no pierden derechos por situaciones especiales como una pandemia, al contrario, debe sancionarse la vulneración a un derecho fundamental”, afirmó la titular del CPLT.
En los tres casos, las sanciones recayeron igualmente en otros funcionarios de los servicios. En Interior, al jefe de la División Jurídica, Cristián García-Huidobro, y al jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, a quienes también se les aplicará el descuento de un 30% de la remuneración mensualizada.
El CPLT destacó que “todavía existe la posibilidad de que los inculpados en los procedimientos sumarios puedan presentar recursos de reposición“. Además, apuntaron a que sus pronunciamientos se enmarcan “en una decidida línea de acción de la entidad, orientada al ejercicio de la facultad fiscalizadora y sancionadora ante evidencia de eventuales incumplimientos a la Ley de Transparencia y en defensa de un derecho humano como el acceso a información de organismos del Estado“.
