En el documento, el organismo constató la inexistencia de un proceso formal para la selección de las entidades a ejecutar los proyectos del Programa Asentamientos Precarios. Revisa el informe completo en la siguiente nota.
Tras dos meses de labores investigativas, la Controlaría General de la República dio a conocer este jueves el informe final respecto a los contratos entre la Fundación Democracia Viva y la seremi de Vivienda de Antofagasta. Hecho que dio inicio al denominado Caso Convenios y que suma varias indagatorias en diferentes regiones del país.
En el documento, el organismo constató la inexistencia de un proceso formal para la selección de las entidades a ejecutar los proyectos del Programa Asentamientos Precarios.
En esa línea, se determinó que la asignación de los recursos para la ejecución de los proyectos relacionados con los convenios suscritos en el Seremi del Minvu y el Serviu de Antofagasta, fue de manera directa, sin que los actos administrativos pertinentes que los autorizaron se encuentren fundados y acrediten documentadamente los motivos que lo justificaron. Lo que infringe el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
“Para el caso de las iniciativas asignadas a la Fundación Democracia Viva a través de tres convenios por un total de $426.000.000, ni en las resoluciones emitidas por el Seremi Minvu y el Serviu, ambos de Antofagasta, como tampoco en los respectivos convenios se mencionan los fundamentos que justifiquen la designación de los proyectos a dicha entidad, además que no se aportaron otros antecedentes que acrediten la motivación de tal elección, considerando, además la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que esta debía ejecutar y de su experiencia en ellas, relacionadas con el Programa de Asentamientos Precarios”, indicó la Contraloría.
“Es así como se constató que a través de correo electrónico de 12 de julio de 2022, el Seremi Minvu de Antofagasta de la época (Carlos Contreras), solicitó al Encargado de Planes y Programas de esa repartición, enviar un correo de invitación a dos fundaciones, entre ellas Democracia Viva, para evaluar su potencial incorporación al listado de organizaciones colaboradoras“, se agrega.
Por ello, el ente sugirió tanto a la Seremi de Vivienda como al Serviu de Antofagasta “adoptar las medidas que correspondan con el objeto de implementar un procedimiento de concursabilidad de las iniciativas de inversión para la selección de las entidades que llevarán a cabo los proyectos del Programa de Asentamientos Precarios, informando de ello documentadamente en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción de este informe final”.
En consecuencia, anunció el inicio de un proceso sumarial en ambas entidades con el fin de determinar “las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas”. Además, señaló que se entregarán todos los antecedentes recabados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
También, se subrayó que “se advirtió que la conducta del entonces calidad de Seremi de la Región de Antofagasta, quien intervino en razón de sus funciones, como firmante y responsable del control financiero y administrativo de los actos suscritos con la Fundación Democracia Viva y mantener un vínculo de público conocimiento con el representante legal de dicha fundación receptora (Daniel Andrade), eventualmente habría vulnerado el principio de probidad, toda vez que carecería de la imparcialidad necesaria en su actuación; por lo que le asistía el deber de abstenerse de participar en el proceso asociado a esa entidad privada, sin que haya dado cumplimiento a dicha obligación”.
“Lo descrito no se aviene con el artículo 8° de la Carta Fundamental, que indica el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa en todas sus actuaciones. Vulnera, además, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 52 de la ley N° 18.575, en cuanto previene que dicho principio consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo”, añadieron.
Finalmente, se concluyó que “en dependencias del Seremi de Vivienda de Antofagasta se desempeñaban, al menos, 12 personas que fueron contratadas por los organismos receptores de fondos para la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios, las que desarrollaban actividades propias de esa secretaría, entre ellas, labores en su gabinete, revisión de las rendiciones efectuadas por las distintas entidades privadas receptoras de fondos y su contabilización, algunas de las cuales disponían de acceso al sistema contable SIGFE y otros aplicativos institucionales”.
“Lo anterior da cuenta que cumplían irregularmente funciones propias de las reparticiones mencionadas, lo cual incide, además, en la legalidad de las mismas, así como en un eventual manejo de información privilegiada por parte de aquellas, las cuales, por lo demás, carecen de responsabilidad administrativa ante eventuales faltas y/o negligencias en su desempeño por no revestir la calidad de funcionarios públicos”, complementó Contraloría.
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