En el informe presentado este viernes, el organismo consigna muertes ilícitas en las que existe participación de agentes del Estado, torturas, violencia sexual, cuestiona los procedimientos policiales y realiza una serie de recomendaciones, entre ellas "el cese inmediato del uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlar las manifestaciones".
A un poco más de tres semanas desde que la misión del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos concluyera su visita en Chile en el marco de la crisis social, este viernes dieron a conocer las conclusiones del informe que desarrollaron.
El equipo enviado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, estuvo en el país desde el 24 de octubre hasta el 22 de noviembre.
Los observadores realizaron 235 entrevistas y visitaron siete regiones para constatar eventuales violaciones a los derechos humanos, por parte de agentes del Estado, durante el estado de emergencia y en el desarrollo de la manifestaciones.
New @UNHumanRights report on mass protests & state of emergency in #Chile concludes the police and army failed to adhere to int'l norms & standards relating to management of assemblies & the use of force, and calls for reforms.
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— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 13, 2019
En el documento el organismo advierte que Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control de asambleas y uso de la fuerza durante sus labores en medio de las protestas y manifestaciones desde el 18 de octubre.
“De la información recopilada por la ACNUDH, hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos”, señala en sus conclusiones.
“La ACNUDH ha podido observar que ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctima”, continúa el texto.
ACNUDH además se refirió a la cantidad de personas muertas, torturadas, lesionadas o detenidas de forma arbitraria por parte de agentes del Estado, y puso especial énfasis en quienes han sufrido lesiones oculares por perdigones.
“Preocupa también a la ACNUDH que casos de lesiones oculares continuaron reproduciéndose, pese a la existencia, desde la etapa inicial de las protestas, de información relacionada con el impacto causado por armas menos letales. Las medidas adoptadas por parte de las autoridades no fueron eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas“, afirmaron.
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El organismo indicó que, de acuerdo a la información recibida por “una variedad de fuentes”, Carabineros utilizó la fuerza en manifestaciones pacíficas “con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”, lo que constituye una transgresión a los estándares internacionales.
De este modo, señala que los uniformados han incumplido “de forma reiterada el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente”.
La ACNUDH también afirmó haber observado que “ha habido un uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, durante manifestaciones pacíficas y/o fuera del contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad”.
Especial énfasis puso en la información de personal médico que indicaba que había detectado plomo en los perdigones, lo que fue confirmado por dos estudios académicos, que indicaron que los gránulos encontrados en los cuerpos de los pacientes solo contenían un 20% de caucho.
Además, menciona que, pese a que está prohibido en los protocolos de control de orden público, Carabineros utilizó gases lacrimógenos cerca de hospitales como el Hospital Gustavo Fricke en Valparaíso (8 de noviembre) y en la Clínica Santa María en Santiago (9 de noviembre).
Por otra parte, el organismo menciona en su informe que el 19 de noviembre el Ministerio Público indicó que habían 26 investigaciones por “personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones sociales”, a partir del 18 de octubre, y que cuatro de estos casos se deberían a “acciones que involucran a agentes del Estado”: dos personas murieron bajo custodia policial y 20 de ellas murieron durante protestas sociales (incluidas tres personas que permanecen sin identificar).
De las 26 personas mencionadas, ACNUDH pudo verificar información en 11 de estos casos: “Cuatro relacionados con privación arbitraria de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes estatales; un caso de una persona fallecida por disparos por parte de un civil, con un militar relacionado al caso; un caso relacionado con la muerte de un manifestante durante una protesta debido a un ataque cardíaco; un caso de una persona que supuestamente se habría suicidado en una comisaría; cuatro casos relacionados con personas que murieron en el contexto de incendios provocados y saqueos”, detallaron.
Además, explicaron que en dos de los casos documentados por la ACNUDH aparece que se utilizó fuerza letal con armas de fuego donde no era estrictamente inevitable para proteger la
vida.
El organismo indica que “el número de personas lesionadas y que han buscado atención médica relacionada con las protestas varía según las fuentes. Por ejemplo, las 3.449 personas lesionadas que el INDH ha registrado, son solo para casos de personas que buscaron asistencia médica en hospitales y que su personal pudo certificar. El Ministerio de Justicia declaró que desde 19 de octubre al 6 de diciembre han resultado heridas 3.590 personas (1.300 civiles y 2.705 miembros de la policía)”. También cita que el Ministerio de Salud que se han prestado 12.738 atenciones médicas de urgencia “durante la situación de emergencia”, desde 18 de octubre al 7 de diciembre.
Según información de la Sociedad Chilena de Oftalmología, durante el período del 19 de octubre al 3 de diciembre, 345 personas han sufrido lesiones relacionadas con traumatismos oculares.59 Según el INDH, 352 personas han sufrido traumas oculares (del 17 de octubre al 6 de diciembre). El Ministerio de Salud señala que entre el 18 de octubre y el 2 de diciembre, el Hospital del Salvador en Santiago proporcionó atención a 239 pacientes con lesión ocular.
La ACNUDH considera que el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara (aproximadamente 350) muestra que hay razones fundadas para creer que las “armas menos letales” se han utilizado de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de lesiones.
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La ACNUDH ha recopilado información sobre 133 actos de tortura y malos tratos. En la mayoría de estos casos, los presuntos autores son miembros de Carabineros. La mayoría de estos casos tuvieron lugar durante el arresto, el traslado a los centros de detención o durante la detención. Durante el estado de emergencia y bajo el toque de queda, las personas privadas de libertad también sufrieron presuntas torturas y malos tratos en vehículos militares y/o policiales. La ACNUDH también documentó una serie de casos de tortura que involucran a personal militar.
“Las formas más comunes de malos tratos documentadas por la ACNUDH incluyen golpes fuertes con los puños; patadas; ‘culatazos’ (golpear a alguien con la culata de un arma de fuego o con una porra), a menudo por varios agentes y en algunos casos después de que la víctima ya había sido reducida al suelo, inmovilizada o esposada. La ACNUDH también documentó casos en los que se utilizaron formas severas de restricción física, incluida la asfixia, que en algunos casos resultaron en pérdida de conciencia”, dice el texto.
Entre los ejemplos menciona el caso de Pedro (22 años) y su hermano (17 años), quienes participaron en una protesta frente a una Comisaría en Antofagasta. “Según sus relatos, cuando algunos manifestantes empujaron por la fuerza las barreras frente a la estación, la policía comenzó a disparar contra los manifestantes y Pedro recibió dos impactos de perdigones de goma en la pierna. Mientras trataba de levantarse, fue capturado por cinco o siete agentes de policía no identificados que lo golpearon y patearon en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo“, relata.
“Fue llevado a la Comisaría junto a su hermano y pateado, recibió golpes de puño y fue golpeado con porras/lumas, en una esquina del patio donde perdió el conocimiento. Los golpes continuaron, mientras sus manos y cabeza estaban sujetas al suelo. Durante el transporte al hospital, miembros Carabineros lo habrían insultado, amenazado con desaparecerlo y le habrían escupido”, agrega.
Además, se indica que recopilaron información sobre 24 casos de violencia sexual contra mujeres (14), hombres (6), niñas (3) y un niño en el contexto de las protestas. “La violencia sexual reportada a la ACNUDH incluyó violación, amenazas de violación, tratamiento degradante (como ser forzado a desnudarse), comentarios homofóbicos o misóginos, golpes o actos que causan dolor en los genitales y manoseos. Algunos de este tipo de tratamiento puede constituir tortura o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, explican.
También detallan que en todas las regiones visitadas, mujeres y adolescentes mujeres informaron que, durante la detención en las comisarías, a menudo se las obligaba a desnudarse y a hacer sentadillas. También se informó comúnmente sobre amenazas de violación, insultos y comentarios degradantes de naturaleza sexual por parte de miembros de Carabineros.
En su informe, la Oficina del Alto Comisionado recomienda una serie de medidas específicas para rectificar las prácticas policiales y hace un llamado al gobierno a “asegurar que las fuerzas de seguridad garanticen la rendición de cuentas con relación a las violaciones de derechos humanos y reconozcan estas violaciones.”
“Reconociendo y aprendiendo de lo sucedido, miremos de manera constructiva hacia adelante”, afirmó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El informe recomienda que se establezca un mecanismo de seguimiento, que involucre a nuestra Oficina Regional para América del Sur, con sede en Santiago, así como la participación activa de la sociedad civil, para evaluar dentro de tres meses la implementación de las recomendaciones realizadas en este informe, así como las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
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“Este mecanismo de seguimiento debería tener como propósito establecer medidas para prevenir que se repitan esos hechos tristes y preocupantes en los que Chile se ha visto sumergido en los últimos dos meses – especialmente, mientras las protestas continúan a lo largo del país, si bien con menor intensidad, y continuamos recibiendo alegaciones de violaciones de derechos humanos. El resultado del trabajo de este mecanismo debería hacerse público”, explica el texto.
Además, hace hincapié en “el cese inmediato del uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlar las manifestaciones.”
También hace un llamado a limitar el uso de gases lacrimógenos a situaciones en que sea “estrictamente necesario, y nunca dentro de establecimientos educativos y de salud”, y añade que los oficiales de policía deberían recibir instrucciones claras sobre el uso adecuado de gases lacrimógenos, asegurando que los cartuchos de gas lacrimógeno siempre “se disparen en un ángulo pronunciado, y nunca horizontalmente, de conformidad con los estándares internacionales.”
La ACNUDH realizó 235 entrevistas a víctimas de presuntas violaciones de DD.HH., a 60 carabineros en servicio activo y heridos en las protestas. Además, se reunieron con:
– El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
– Representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de la Mujer y Equidad de Género, de Salud, Defensa.
– Gobernadores regionales y alcaldes.
– Representantes del Poder Judicial (incluido el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministra y ministros de Cortes de Apelaciones y otros jueces).
– Integrantes de la Oficina de la Defensoría Penal Pública.
– Representantes del Ministerio Público (Fiscal Nacional y fiscales regionales).
– Representantes del Servicio Médico Legal.
– Carabineros de Chile.
– Gendarmería.
– Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
– Defensora de la Niñez.
– Más de 300 miembros de la sociedad civil, incluidas ONG.
– Coordinadora Residente de las Naciones Unidas.
– La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
– Diferentes organismos de las Naciones Unidas que trabajan en Chile.
La periodista de CNN Chile agradeció la distinción y recordó la trayectoria de Correa, quien es recordada como la entrevistadora más importante de la historia de Chile.
