En el documento, el ente contralor detalló que, de los 79 recintos penitenciarios, solo el 12,7 % cuenta con un sistema de inhibición de telefonía celular.
El informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló diversas irregularidades en el sistema de comunicaciones de los recintos penitenciarios.
El documento reservado de la CGR señaló que estas deficiencias han permitido que los reclusos cometan delitos desde el interior de las cárceles, como estafas telefónicas y la coordinación de ilícitos en el exterior.
“Aun cuando un dispositivo móvil se encuentre bloqueado por el sistema, este puede conectarse a internet a través de señales Wifi, situación que conlleva el riesgo de que la población penal pueda mantener conectividad de datos con el exterior”, describió en el informe.
Respecto a los inhibidores de señal, el informe detalla: “Se constató que, de los 79 establecimientos penitenciarios de régimen cerrado que existen actualmente en el país, administrados por Gendarmería de Chile, solo el 12,7% cuenta con un sistema de inhibición de señal de telefonía celular. Este porcentaje corresponde a ocho establecimientos concesionados y dos recintos de administración tradicional”.
En concreto, los dos recintos tradicionales con inhibidores son la Unidad de Alta Seguridad y el penal Santiago Sur. Las ocho cárceles concesionadas que cuentan con este sistema son las de Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Antofagasta, Biobío, Valdivia, Puerto Montt y Santiago 1.
De estos 10 establecimientos, solo tres poseen un sistema integral de bloqueo de dispositivos: la Unidad de Alta Seguridad, Santiago Sur y Santiago 1, todos en la Región Metropolitana. La licitación por $5.654 millones corresponde a estos tres recintos, los cuales operan con el sistema conocido como Guardian.
Respecto a las multas sin cobrar: “Se identificaron dos períodos en los cuales el citado sistema no detectó dispositivos, toda vez que no existen registros tanto de IMSI como de IMEI. Estos corresponden al 30 de mayo de 2024, entre las 17:53:55 y 23:59:59 horas, y al 31 de mayo de 2024, entre las 01:22:38 y 11:45:10 horas”.
Dicho incumplimiento implica un eventual cobro de multas por inactividad, ascendentes a $27.000.000, las cuales la entidad penitenciaria no aplicó.
Respecto a las acciones a seguir, Contraloría anunció que realizará un examen de cuentas para verificar la correcta gestión de la licitación por $5.654.880.000, asignada por Gendarmería a la unión temporal de proveedores conformada por las empresas “Informática Tier1 SpA” y “Septier Communication LTE”. El servicio comenzó a operar el 8 de abril de 2024 y tiene un periodo de duración de 36 meses.
Además, se envió una copia del informe al Ministerio Público para que adopte las medidas legales que correspondan.
El documento fue elaborado tras presentaciones de los diputados UDI Sergio Bobadilla, Juan Fuenzalida, Fernando Bórquez, Juan Antonio Coloma y Henry Leal.
La militante del FA respondió al diputado Sánchez, quien planteó que, dado que Tohá es considerada como "continuadora del gobierno de Boric", la opción para los sectores más a la izquierda es la actual ministra Jara.
