Los ex militares, condenados por una serie de violaciones a los derechos humanos en dictadura, acusan al Estado y Gendarmería de una cometer una serie de vejaciones hacia reclusos que sufren enfermedades irreversibles.
El miércoles 20 de marzo pasado, un grupo de internos de Punta Peuco presentó una denuncia ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la que acusan sufrir una serie de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado hacia reclusos que afectados por enfermedades irreversibles.
Raúl Meza, el abogado que representa a los ex uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura, criticó que a casi dos meses de haber enviado el texto, no han recibido ninguna respuesta por parte de la institución.
Entre los denunciantes se encuentran Hugo Salas Wenzel, Eduardo Iturriaga Neumann, Manuel Muñoz Gamboa, Miguel Estay Reyno, Daniel Guimpert Corvalán y Carlos Herrera Jiménez, quienes en el documento señalan que “el Estado-Gendarmería” realiza dichos vejámenes de forma sistemática.
En lo específico, mencionan que Héctor Orozco Sepúlveda, Gerardo Urrich González, Miguel Chile Aguirre Álvarez, Víctor Mattig y José Luis Guzmán Sandoval sufren de enfermedades como alzheimer, efisema pulmonar y cáncer de esófago, razón por la que “estas dos últimas personas estuvieron por un tiempo internadas en el Hospital Penitenciario de Gendarmería, desde donde pidieron, bajo su responsabilidad, ser dadas de alta luego que en un día de visitas aparecieron en la sala dos ratones”.
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“Ahora bien, los cuatro nombrados por tener absoluta incapacidad de atender sus propias necesidades básicas de alimentación, transporte, cuidados e higiene, voluntaria y generosamente tales necesidades son atendidas por internos, sin que ninguno de tenga la preparación profesional o técnica mínima para ello“, dice el texto.
“Pudiere ocurrir, y por qué no pensarlo, que producto de alguna involuntaria mala atención o cuidados de éstos, hubiere un accidente o incidente que redundare en la salud o vida de aquellos. Quiérase o no aceptar, y por más presos voluntarios -con o sin preparación. que hayan, esta actividad es privativa y excluyente del Estado-Gendarmería de Chile”, continúa.
Los internos además detallaron “que la motivación para deducir esta denuncia fue la información entregada por ‘El Mercurio’, C-5, de 27 de febrero del año en curso: tras conocerse la detención de los dos condenados prófugos del asesinato del matrimonio Luchsinger Mckay, INDH presuroso concurrió a verificar el estado de salud de tales detenidos; es lo que por mandato legal, empero, les corresponde“.
“Entonces, de acuerdo al constitucional principio de la igualdad ante la ley (artículo 19°, numeral 3, de la Constitución Política de la República), es de justicia que con el mismo celo y prontitud, INDH concurra a esta cárcel a verificar, y luego, acoger esta denuncia en favor de nuestros camaradas“, agregan.
Hacia el final del documento, los denunciantes citan el artículo 19° de la Constitución que señala que “nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto“.
De este modo, aseguran que “no hay impedimento alguno para que el Ejecutivo disponga que estas personas continúen cumpliendo sus penas bajo la modalidad de arresto domiciliario, con la vigilancia y control del ex PAtronato Lical de Reos de Gendarmería de Chile, hoy CAIS”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
