Todas las instituciones de salud privada defendieron el alza en la prima GES, que tiene por objetivo financiar los gastos por diagnósticos y tratamientos a enfermedades que la categoría cubre. "Las circunstancias demuestran que, sin los mayores ingresos que por prima GES en octubre de 2022, la Isapre recibió, no hubiera podido seguir funcionando", sostuvo el abogado de Cruz Blanca, Maximiliano Silva.
Este jueves las Isapres se defendieron ante la Corte Suprema por las denuncias interpuestas por sus afiliados tras el alza de los cobros por las Garantías Explícitas en Salud (GES).
En concreto, todas las instituciones de salud privada defendieron el alza en la prima GES, que tiene por objetivo financiar los gastos por diagnósticos y tratamientos a enfermedades que la categoría cubre.
El abogado de Cruz Blanca, Maximiliano Silva, solicitó el rechazo de los recursos de protección de los afiliados, argumentando que no hubo un “acto arbitrario ni ilegal” por parte de la institución privada, consignó Emol.
“El precio determinado por la Isapre fue con el objetivo de darle sustentabilidad financiera, pues los nuevos ingresos en el precio GES han permitido a la Isapre seguir funcionando, y otorgar las coberturas requeridas a los afiliados. Sin el alza del precio GES, la Isapre no podría seguir funcionando, por lo tanto, es un elemento que tiene que considerarse”, sostuvo Silva.
En esa línea, el abogado agregó que “las circunstancias demuestran que, sin los mayores ingresos que por prima GES en octubre de 2022, la Isapre recibió, no hubiera podido seguir funcionando (…). El efecto positivo del alza realizado en octubre de 2022 ha aportado un aumento de ingresos mensuales del orden de $7 mil millones”.
El argumento se contradice con lo informado por la Superintendencia de Salud, que a solicitud de la Corte Suprema dio a conocer que las aseguradoras privadas obtuvieron ganancias por prima GES de $2.391.064 millones entre 2019 y 2022. En ese mismo período, sus gastos de este ítem fueron de $702.585 millones.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
