La bancada del Partido Republicano presentó el libelo en contra el ministro de Desarrollo Social tras las declaraciones de la ex seremi Patricia Hidalgo, quien acusó “presiones indebidas” en el Gobierno para aprobar proyectos con los que no estaba de acuerdo en el Comité de Evaluación del Servicio de Evaluación Medioambiental.
Tranquilo y a disposición del Congreso. De esta forma dijo estar el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, luego que la acusación constitucional que la bancada del Partido Republicano presentó en su contra.
Durante una actividad oficial, el secretario de Estado afirmó estar “muy tranquilo y a disposición de lo que requiera el Congreso en el uso de sus facultades fiscalizadoras, para poder entregar toda la información, toda la documentación, como ya lo hice respecto a este caso en la Comisión de Desarrollo Social hace unas semanas”.
“Por lo tanto, estoy absolutamente tranquilo de poder entregar y estoy a disposición de entregar toda la información que sea necesaria para que los parlamentarios y parlamentarias se formen su juicio, formen su opinión”, agregó.
La acusación en contra el ministro fue interpuesta tras las declaraciones de la ex secretaria regional ministerial (seremi) de la Región Metropolitana de Desarrollo Social Patricia Hidalgo, quien acusó “presiones indebidas” en el Gobierno para aprobar proyectos con los que no estaba de acuerdo en el Comité de Evaluación del Servicio de Evaluación Medioambiental (SEA).
En ese sentido, Jackson reiteró este miércoles que “la posición respecto a la solicitud de renuncia es una sola: pérdida de confianza, y la pérdida de confianza se dio producto de un caso de vulneración grave de derechos en uno de los albergues y luego permanencia en residencia del Programa Calle en el Ministerio de Desarrollo Social”.
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Durante esta mañana se dieron a conocer los integrantes de la comisión revisora de la acusación constitucional, la cual quedó conformada en su mayoría por diputados oficialistas. Los integrantes son:
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
