Los parlamentarios RD y RN ingresaron un escrito a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunciando posibles vulneraciones anticompetitivas, luego que la aplicación de que Glovo dejara de operar en Chile el 30 de abril pasado, y según acusan, traspasó su cartera de clientes y comercios asociados a PedidosYa.
Los diputados Giorgio Jackson (RD) y Gonzalo Fuenzalida (RN) presentaron este lunes una denuncia formal por posible repartición geográfica de mercado entre las empresas Delivery Hero SE y su filial PedidosYa Chile y a GlovoApp Chile, luego del que esta última aplicación cesara sus actividades en el país el pasado 30 de abril.
En la denuncia, los parlamentario ingresaron dos imputaciones: la aparente configuración de una repartición geográfica de mercado entre Delivery Hero y Glovo, que explicaría la salida de este último del país; y la posible infracción del deber de informar la participación minoritaria que Delivery Hero tendría en sus competidores, dada su participación en Glovo (15%) y Rappi (19,5%).
Fuenzalida señaló que la acción judicial “busca investigar una situación que a nuestro parecer pudiese perfectamente constituir un delito sancionado por nuestra legislación. Estas empresas habrían hecho un acuerdo para repartirse el mercado y los consumidores”.
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“Esto daña no solo al mercado en general, sino que a los minoritarios que hoy día quieren también participar de este negocio de la entrega de pedidos a domicilio porque cuando los grandes se reparten el mercado, obviamente dejan afuera a los más chicos”, agregó.
Por su parte, Jackson señaló que “esto afecta a todos los actores involucrados: a las empresas competidoras de aplicaciones de reparto; a las comercios y pymes que establecieron alianzas y contratos con Glovo; y finalmente a los repartidores, que además no tienen contrato”.
Jackson además hizo hincapié en las pequeñas y medianas empresas en calidad de comercio asociado con la aplicación, y en la situación de los cerca de 2.000 repartidores de Glovo que unilateralmente fueron cesados por la app Glovo, lo que para él revela la falta de certeza contractual que tienen con las aplicaciones, y que aborda el proyecto “Mi Jefe es una App”, que ingresó en marzo pasado junto a su par Maite Orsini (RD).
La fiscalía tiene 60 días desde el ingreso de antecedentes para determinar si acoge la denuncia e inicia una investigación formal por este tema.
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