El alcalde de Recoleta denunció este jueves que no pudo viajar a Venezuela debido a un llamado de la fiscal a su abogado para "amenazar al jefe comunal con una orden de detención verbal". Desde el Ministerio Público enfatizaron que Jadue “desistió voluntariamente de viajar”.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), anunció que presentará una serie de acciones legales luego de acusar que le impidieron abordar un avión rumbo a Venezuela para asistir al encuentro “Hacia la Agenda Alternativa Social Mundial”, en Caracas.
A su juicio, la acción es “arbitraria e inconstitucional”, ya que no siguió el debido proceso. Además, acusó que hay una persecución en su contra.
Jadue sostivo que la fiscal Giovanna Herrera se comunicó con su abogado para “amenazar al jefe comunal con una orden de detención verbal”, si este abordaba el avión.
Herrera es la fiscal que lleva adelante la investigación en contra del alcalde por eventual fraude en el caso Farmacias Populares, por el que será formalizado el próximo 29 de mayo por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal.
De ese modo, manifestó que se estableció una “medida cautelar de facto” ilegal y una violación a sus garantías constitucionales.
“No tengo ninguna medida cautelar vigente o siquiera solicitada por la Fiscalía. La fiscal me amenaza con detenerme a través de mi abogado. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional, y ejerceré todas las medidas judiciales y administrativas, que además está limitando mi quehacer como alcalde en ejercicio”, afirmó.
De esa manera, señaló que llevará a cabo todas las acciones judiciales y administrativas pertinentes durante la jornada.
Esta mañana, el jefe comunal afirmó que durante esta jornada le “impidieron viajar fuera de Chile por tres días”, e indicó que no tiene ninguna medida cautelar en su contra.
“La fiscal amenaza con detenerme”, agregó, cataogando la situación como un “atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional”.
Además, el alcalde de Recoleta señaló que emprenderá las acciones legales correspondientes con el objetivo de “frenar estas arbitrariedades”.
La Fiscalía Centro Norte afirmó que se había contactado con la defensa del alcalde Daniel Jadue sobre su impedimento para salir del país.
A través de un comunicado, el Ministerio Público afirmó que el día 17 de abril, a las 22:30 horas aproximadamente, la Fiscalía Centro Norte tomó contacto con el abogado del imputado Daniel Jadue Jadue, “por cuanto se tomó conocimiento que este último se aprestaba a salir del país con destino a Venezuela“.
“Debido a que dicho imputado, entre otras personas, está citado a una audiencia de formalización de investigación para el 29 de mayo próximo, la Fiscalía informó al abogado defensor del imputado que dentro de sus facultades legales se encuentra la de procurar y asegurar la realización de la audiencia indicada, por lo que era posible, en este contexto, solicitar judicialmente una medida cautelar personal para cumplir con el objetivo“, continuó.
En ese contexto, el abogado defensor informó que Jadue “desistió voluntariamente de viajar”, aseguró la Fiscalía.
Durante la tarde de este jueves el abogado del alcalde, Ramón Sepúlveda, solicitó ante el 3° Juzgado de Garantia de Santiago la fijación con “extrema urgencia” de una audiencia de cautela de garantías, al existir una “grave vulneración de las garantías procesales” de Jadue.
De acuerdo al magistrado, los hechos ocurridos “constituyen una vulneración profunda a las garantías no solo procesales, sino que también sus garantías constitucionales por parte del Ministerio Público, al imponerse una prohibición de salida del país sin los requisitos legales, sin orden judicial previa, sin mediar orden de detención vigente, sin formalización ni medida cautelar alguna, y sin que se de un análisis de los presupuestos materiales para su imposición”.
De esa manera, continuó, se incumplen los requisitos legales que contempla la normativa chilena para la imposición de una medida cautelar de este tipo.
En este caso “existe una vulneración evidente y latente al debido proceso, ya que se impone una medida cautelar de facto y se hace además mediante una grave extorsión a mi representado”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
