El director para las Américas de HRW reiteró sus cuestionamientos a la iniciativa, argumentando, entre otras cosas, que desincentivaría la obligación de protestar pacíficamente. "Aquí lo que corresponde es hacer un examen caso a caso de los procesos penales", planteó.
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, reiteró sus cuestionamientos al proyecto de indulto para detenidos durante el estallido social que fue aprobado en general en la Comisión de Seguridad Pública del Senado esta semana.
En entrevista con El Mercurio, Vivanco afirmó que “este proyecto de ley me parece un grave error”.
Pese a reconocer las violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros durante el estallido social y la necesidad de una reforma profunda en la institución, dijo no creer “que sea necesario ni conveniente otorgar indultos genéricos a quienes hayan cometido delitos comunes, muchos de ellos muy graves, durante las protestas”.
El abogado aseguró que esto desincentivaría la obligación de protestar pacíficamente.
Lee también: Rodrigo Logan no está de acuerdo con denominar como “presos políticos” a los detenidos del estallido social
“Quienes hayan cometido un delito deben ser juzgados con todas las garantías del debido proceso. Aquí lo que corresponde es hacer un examen caso a caso de los procesos penales para asegurar el respeto pleno del debido proceso de los manifestantes acusados por delitos y, al mismo tiempo, iniciar una discusión seria sobre las normas que existen en la legislación chilena, por ejemplo, sobre prisión preventiva, que se prestan a abusos”, afirmó.
“En mi opinión, no hay presos políticos en Chile”, opinó Vivanco. Como argumento, explicó que “la categoría de presos políticos se aplica a personas que están detenidas por ejercer sus derechos básicos, como libertad de expresión, o asociación o el derecho a profesar una religión. También podrían calificar aquellos que están detenidos y acusados de un delito común, pero han sufrido violaciones graves al debido proceso por razones políticas”.
Sin embargo, HRW no tiene conocimiento de “evidencias que sugieran que estos criterios existan en Chile”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
