Según develó la FNE, Brink’s, Prosegur y Loomis habrían celebrado un acuerdo para la fijación de precios de sus servicios entre marzo de 2017 y octubre de 2018. "Esto es un acto de corrupción, de abuso, totalmente reprochable, que yo pensaba que en Chile había quedado erradicado", señaló al respecto el presidente de la CPC.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio cuenta sobre un requerimiento ingresado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el que denuncia la colusión de las tres empresas de transporte de valores más importantes que operan en Chile.
Según develó la FNE, las empresas Brink’s y Prosegur, habrían celebrado un acuerdo para la fijación de precios de sus servicios entre marzo de 2017 y octubre de 2018. A estas mismas negociaciones se habría sumado la firma Loomis, en diciembre de 2017.
Dentro de la indagatoria se pudo constatar que los ejecutivos de las tres firmas habrían comenzado por coordinar los precios de su servicio de transporte, atención de cajeros automáticos, tesorería y pago de remuneraciones o prestaciones sociales.
Esto último se habría concretado gracias a reuniones, negociaciones con competidores en el extranjero, así como intercambios de planillas Excel con registros de precios y un nuevo esquema tarifario. Con esto fueron afectadas entidades bancarias y no bancarias e incluso a servicios asociados a la Teletón en 2018.
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El organismo logró completar la investigación gracias a la denuncia de una persona anónima que se acogió al programa de delación compensada. Por lo mismo, la Fiscalía solicitó que no se le aplicaran multas y que fuese declarada explícitamente exenta de responsabilidad penal por los hechos.
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, condenó las acciones cometidas por las tres empresas: “Esto es un acto de corrupción, de abuso, totalmente reprochable, que yo pensaba que en Chile había quedado erradicado (…) creo que también es muy importante que esto tenga las más altas multas y las penas más fuertes”.
Juan Sutil rechaza con fuerza los graves hechos de colusión de empresas de transporte de valores #colusion #transportedevalores pic.twitter.com/mptue0XXpJ
— CPC (@CPCchile) October 21, 2021
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Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, también repudió el actuar de las compañías: “la probidad en los negocios y especialmente en aquellas empresas tanto públicas como privadas, tiene que estar en el punto de partida de todos los negocios. Bienvenido que se investigue, ojalá que sea pronto”.
Una de las disyuntivas que queda por aclarar se relaciona con el impacto real que esta colusión podría haber generado en los consumidores, debido a que los contratos que se celebran con las empresas de transporte de valores se realizan con personas jurídicas, es decir otras empresas.
“En toda colusión los que pagan los platos rotos son los consumidores finales. No lo paga el retail, no lo pagan los supermercados, no lo pagan las cajas de compensación de los bancos. Por lo tanto aquí, hay que seguir investigando y ver cuál es el perjuicio que se le ha causado a las personas“, aseveró el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas.
Cabe recordar que por este caso la FNE solicitó la multa más alta que se ha registrado desde el cambio de legislación que endureció la normativa al respecto, siendo un total de US$63,4 millones: US$30,5 millones para Brink`s, US$25,8 millones para Prosegur y US$6,4 millones para Loomis.
Además de condenar la colusión, el ministro de Economía, Lucas Palacios, destacó el mecanismo con el que fue posible aclarar los hechos, asegurando que con ello se demuestra que las instituciones realizan su labor de manera adecuada.
“Esta es una colusión que ocurrió en el año 2017 y 2018 (…) que se conoció gracias a la delación compensada. Produce duda y por supuesto rabia que existan estas colusiones, pero por otro lado, produce la tranquilidad que existe una institucionalidad que está funcionando y que pesquisa esas colusiones”, señaló la autoridad.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
