El magistrado fue expulsado del Poder Judicial el 8 de octubre pasado tras ser acusado de tráfico de influencias y faltas a la probidad. En la querella, Emilio Elgueta acusa que su despido se realizó a través de un decreto que no cumple con requisitos establecidos en el Código del Trabajo como carta y aviso previo.
Emilio Elgueta, el removido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, presentó una querella en contra del Estado en la que acusa haber sufrido un “despido injustificado” y pide una indemnización de más de $520 millones.
El magistrado fue expulsado del Poder Judicial el 8 de octubre pasado luego de una investigación interna que constató los cargos de tráfico de influencias y faltas a la probidad.
De este modo, la acción judicial, que fue presentada el jueves pasado ante el Juzgado de Letras de Rancagua, se dirige contra la Corte Suprema, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
De acuerdo a una publicación de El Mercurio, en el texto Elgueta argumenta que fue removido a través de un decreto que no cumple con los requisitos establecidos en el Código del Trabajo para cualquier empleador del Estado, como carta y aviso previo.
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Además sostiene que fue despedido “sin expresión de causa legal” y la cifra que exige como indemnización apunta a su trayectoria de 40 años y ocho meses de servicio, la sustitutiva del aviso previo, feriado proporcional, el recargo legal del 50 por ciento, más reajuste y costas del juicio.
Lo anterior en consideración de su última remuneración completa, que ascendía a $7.051.731 y que recibió por última vez en julio, antes de ser suspendido y sancionado con la mitad de sus remuneraciones en agosto y septiembre durante el sumario.
En la misma línea, Elgueta asegura que hasta la fecha no le han entregado el finiquito ni información acerca de sus cotizaciones provesionales, lo que acusa que no cumple con “las formalidades del despido”.
Consultado por el mismo medio sobre por qué el Poder Judicial debiera indemnizar a un funcionario que fue removido por incumplir sus deberes, Elgueta afirmó que sigue siendo “un trabajador para todos los efectos legales, porque no se respetaron las normas laborales”.
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“No es la misma calidad de un ministro de los del gobierno, que son cargos de confianza, porque uno llega a este puesto por carrera. Hay una relación laboral, hay un sueldo, un horario y una dependencia. Si no fuera trabajador, ¿por qué se me pagan las AFP? Es un tema de igualdad de derecho, por eso interpuse una demanda”, agregó.
Emilio Elgueta fue uno de los tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua que, junto con Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez, protagonizaron un escándalo de corrupción al interior del tribunal de alzada. Vásquez también fue expulsado del Poder Judicial mientras que Albornoz se suicidó en su casa el 3 de julio pasado en medio del proceso.
Elgueta además fue formalizado en abril de este año por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias y se convirtió en el primer ministro de una Corte de Apelaciones en ser formalizado en una arista penal.
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