La magistrada acusó ante el Ministerio Público que, tanto ella como su familia, han recibido mensajes a través de Twitter, luego que declarara legal el arresto de un joven de 20 años que fue interceptado por carabineros de civil en el cerro Santa Lucía.
Este viernes, luego de las manifestaciones en Plaza Baquedano, un joven fue detenido en el sector del cerro Santa Lucía, un hecho que se viralizó en redes sociales e incluso fue inicialmente catalogado como un “secuestro”.
Al día siguiente, Carabineros aclaró que se trató de un arresto realizado por cinco efectivos de civil en un automóvil particular, por el por el delito de porte y lanzamiento de artefactos incendiarios.
En que segundo le muestran su placa, orden judicial y le leen sus derechos?? Que procedimiento policial es este?@camila_vallejo@GarinDiputado @gabrielboric@PamJiles @gonzalowinter @GiorgioJackson @inddhh#Secuestro #PlazaDeLaDignidad #URGENTE pic.twitter.com/PRXMwJDyZT
— Un Chileno con memoria (@Cr_lopezc) January 11, 2020
Nicolás Ríos, de 20 años, quedó en prisión preventiva por decisión de la jueza de garantía Karen Atala, que consideró que el arresto se dio dentro de los márgenes legales.
Tras ello, la jueza se transformó en blanco de críticas, incluso tanto ella como su familia recibieron amenazas por mensaje directo en Twitter, razón por la que puso una denuncia ante el Ministerio Público.
Según informó El Mercurio, este lunes Atala informó de lo ocurrido al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Javier Moya, quien puso en conocimientos estos hechos a sus pares en el Pleno del Tribunal de Alzada.
Por su parte, a través de un comunicado la Asociación Nacional de Magistrados rechazó los actos de “amedrentamiento de los que, bajo diversas formas y con distinta intensidad -en especial a través de mensajes publicados en redes sociales- han sido objeto los jueces en el contexto de la crisis social”.
“Es necesario que la ciudadanía comprenda el valor de promover y resguardar la independencia del juez a la hora de resolver, como un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho y estabilidad democrática”, agrega el documento.
Hasta ahora, se ha conocido que tanto Atala como el juez Daniel Urrutia han sido víctimas de hostigamiento en redes sociales, luego de sus decisiones.
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