Antonia Orellana (Frente Feminista CS), Camila Avilés (vicepresidenta de la Mujer DC) y Paulina Núñez (diputada feminista RN) se refieren a la decisión del tribunal tras rechazar la prisión preventiva en contra de Martín Pradenas, quien fue acreditado como autor del delito de violación contra Antonia Barra.
Son pocos los casos en que una audiencia de formalización tiene tanta atención y, sobre todo, la cantidad de espectadores durante su transmisión como la de ayer en el Juzgado de Garantía de Temuco.
Como sucede pocas veces, las redes sociales estuvieron colmadas con publicaciones relacionadas con el caso de Antonia Barra, mientras que la atención de medios y público estuvo volcada hacia la decisión que se adoptaría al final de la jornada.
Finalmente, el juez Federico Gutiérrez rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía contra Martín Pradenas, quien fue acreditado como autor del delito de violación contra la joven, y el acusado quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario.
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Todavía quedan 120 días de investigación antes de que se dicte una sentencia, sin embargo, la resolución gatilló una serie de manifestaciones y protestas durante toda la tarde de ayer en distintos puntos del país, a pesar de las medidas de confinamiento aún vigentes.
Se trata de un caso que ha sido abrazado tanto por activistas como por la población debido a las distintas capas de indiferencia que destapa, en un contexto en que las demandas feministas se han posicionado entre las principales discusiones políticas y sociales.
En ese escenario, tres representantes políticas de todo el espectro político, desde el Frente Amplio a Chile Vamos, manifestaron a CNN Chile sus evaluaciones sobre el proceso judicial y sus impresiones sobre cómo opera el Poder Judicial en nuestro país:
Antonia Orellana (CS): Ha quedado claro cuál es el incentivo que tienen las mujeres para denunciar y por qué muchas veces no se atreven a denunciar. En ese sentido, algunas cuestiones claras tienen que ver con las barreras para denunciar, con que las mujeres cuando son víctimas de violencia sexual o de género más bien tienen que demostrar ellas que son inocentes, no el acusado.
Funciona una especie de principio de presunción de inocencia inverso y eso es porque hay un estándar de víctima aceptable que es muy alto. Cuando ocurre un robo, nadie pregunta si la persona a la que le robaron tenía un estándar de vida moralmente aceptable para la gente. En cambio, cuando se trata de violencia contra las mujeres, la sospecha recae inmediatamente en las mujeres, su modo de vida o cómo se vestían, como bien han resumido Lastesis.
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En ese sentido, Antonia vivió ese proceso dos veces: lo vivió con su entorno que no le creyó y la juzgó y hoy ya muerta está viviendo ese proceso de cuestionamiento, su familia, que tiene que enfrentar cómo se le cuestiona por algo tan básico de la socialidad como es salir a carretear. Eso es una señal muy dura para todas las mujeres en el país, porque ha sido una clase televisada de lo que nos espera si es que llegamos a sufrir violencia sexual y la queremos denunciar.
Paulina Núñez (RN): Creo que el resultado de ayer es impresentable, porque lo mínimo que uno puede esperar de una persona que ayer enfrentaba cuatro cargos de abuso y dos violaciones es que quede en prisión preventiva. No veo un pronunciamiento justo, equitativo, en la decisión del magistrado de decretar arresto domiciliario.
Antonia Orellana (CS): Es importante recordar que, si bien el Poder Judicial ha instruido reducir al máximo las prisiones preventivas por motivo de la pandemia, tanto la ONU como los mecanismos de seguimiento en materia de DD.HH. de las mujeres como el Convenio Belém do Pará dicen que los agresores de mujeres no deben ser afectados con medidas carcelarias que prevengan contagio porque tienen un alto nivel de impunidad y reincidencia. En ese sentido, no se están siguiendo las recomendaciones.
Me parece además que es muy contradictorio, porque está el caso del profesor que, por patear un torniquete, quedó en prisión preventiva o incluso hoy en día hay en Aysén una mujer, Sara, que está en prisión domiciliaria por defenderse de su agresor, por aplicar legítima defensa. Es una señal muy confusa una vez más de cuál es el estándar, qué es lo aceptable y, al parecer, lo aceptable es la violencia sexual en cuanto a los hombres y la deseable conducta anterior no se cuestiona cuando hay 10 años de acusaciones.
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Camila Avilés (DC): Creo que debería haber quedado en prisión preventiva, se comprobó que Martín Pradenas es una persona peligrosa, no solo para el desarrollo de la investigación, que es a lo que se apeló finalmente en el Poder Judicial, sino que también como persona. Se comprobó violencia, hubo destrucción de pruebas, y el juicio no fue solo por un caso de abuso, son varias acusaciones donde se acredita el delito -que fueron desacreditadas finalmente por prescripción- y esperamos que la Corte revoque esta decisión.
Paulina Núñez (RN): Me parece desproporcionado. Decretar hoy día un arresto domiciliario en plena pandemia, cuando la mayoría de los chilenos está confinado en su hogar, es casi una burla. Creo que además es riesgoso, porque en general cuando se decreta una prisión preventiva es cuando alguien resulta ser un peligro para la sociedad, para los demás. Creo que en este caso aplica no solo con las personas que tienen que testificar, sino que por el nivel de delito que se le imputa.
Antonia Orellana (CS): Yo creo que está bastante establecido que el sistema judicial en Chile, y el mismo Poder Judicial lo ha reconocido a través de la publicación de Cuadernos de Buenas Prácticas de la Corte Suprema, tiene un sesgo patriarcal muy importante. Ese sesgo alcanza a todas las instituciones del Poder Judicial y los operadores de justicia.
No son solo los jueces, son los fiscales, los defensores públicos y ahí, respecto de la Defensoría Penal Pública (DPP), es importante que los defensores entiendan que no todo vale, no es un juego libre, a la hora de defender a los agresores. Las expresiones de misoginia del defensor el martes son inaceptables, mientras que ya vimos los dichos del defensor de Mauricio Ortega durante el juicio por el femicidio frustrado de Nabila Rifo.
Otros ejemplos de cómo se aplica la justicia patriarcal en Chile tienen que ver, por ejemplo, con que la mayoría de las investigaciones relativas a violencia de género se desestiman o tienen una tramitación que no se suele acoger, se suele cerrar la investigación cuando las mujeres no insisten en la querella. También los fiscales suelen evitar las causas relativas con violencia contra las mujeres porque las consideran un cacho, les afecta su evaluación anual al ser causas complejas.
El sistema penal, nuestro Código Penal, debiera reformarse desde una forma de tipificación de los delitos sexuales que está basada en la incapacidad de oponer resistencia, que es el modelo que tenemos actualmente, hacia avanzar a un modelo que tenga que ver con el consentimiento.
Camila Avilés (DC): Hay que evolucionar a un sistema que dé más garantías a la víctima, claramente acá hay una falla en donde se terminan desestimando pruebas pese a su existencia y la poca colaboración por parte del formalizado. Creo que el sistema no está hecho para proteger a las víctimas, sino que para proteger al victimario. Eso es algo que se debe resolver a la brevedad y con harta perspectiva de género, que fue lo que dijo el fiscal.
Me gustaría creer en un sistema que, de manera transversal, esté capacitado en materias de género, que le ponga perspectiva de género a cada una de estas causas y que también se involucre a otros sistemas que permitan, no solo desde lo judicial, complementarlo a través de un apoyo profesional respecto de las consecuencias que tienen este tipo de situaciones. Hoy estamos enfrentadas a una situación de vulnerabilidad donde la revictimización es algo que está permanentemente en las víctimas y hoy día lo vemos claramente.
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Paulina Núñez (RN): No sé si definirlo como una visión patriarcal, pero creo que nos falta mucho por avanzar, como en todo ámbito, en la política, las empresas privadas, pero los tribunales también. Para nadie fue indiferente la composición del tribunal e incluso de los intervinientes, mayoritariamente hombres. Creo que tenemos hay una tarea pendiente de poder llegar con más mujeres al Poder Judicial.
Creo que cuando un juez acredita la violación, porque fue acreditada, y no le da la relevancia a través de una prisión preventiva que todos esperamos como una señal clara a rechazar con fuerza estos delitos, es no ponerse en el lguar de la víctima, de la familia, y no mandar una señal clara a la sociedad.
Hay que avanzar en el nombramiento de más mujeres en el Poder Judicial. Me parece que la capacitación a los jueces en una agenda de género, en delitos donde la mayoría de las víctimas son mujeres, es clave para poder concientizar. Ningún chileno y chilena queda indiferente ante un juez que acredita violación y no es capaz de decretar una prisión preventiva. Creo que correspondía una prisión preventiva y, legalmente, pienso que no hubo una sana crítica y razonamiento por parte del magistrado.
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