Serey fue encerrado sin orden judicial, interrogado y torturado mediante diversas técnicas que incluían descargas eléctricas, golpes, simulacros de fusilamiento y privación del sueño.
En un importante fallo relacionado con violaciones a los derechos humanos, el ministro Max Cancino de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha condenado al exsuboficial de la Armada Juan de Dios Reyes Basaur por su responsabilidad en el secuestro calificado de Raúl Enrique Serey Serey. Este ilícito se perpetró a partir del 27 de septiembre de 1973 en la comuna de Viña del Mar, en el contexto de la represión política que siguió al golpe de Estado.
El tribunal impuso una pena efectiva de 5 años y un día de presidio a Reyes Basaur, quien también enfrentará inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos y oficios públicos, así como para el ejercicio de derechos políticos.
Sin embargo, el fallo absolvió a Reyes Basaur de los cargos de aplicación de tormentos, así como a Héctor Vicente Santibáñez Obreque de los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos.
En el ámbito civil, la corte acogió la demanda presentada por Serey Serey, ordenando al fisco el pago de $70 millones como indemnización por daño moral. La resolución del tribunal destaca la gravedad de los hechos y el impacto que tuvieron en la vida de la víctima.
El ministro Cancino detalló en su resolución que Raúl Enrique Serey Serey fue detenido por el Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (Sicajsi) debido a su militancia en el Partido Socialista.
La detención se concretó el 27 de septiembre de 1973 en su hogar en la Calle Arlegui, en Viña del Mar.
Tras su captura, Serey Serey fue llevado al Regimiento Coraceros y, tres días después, trasladado a la Academia de Guerra Naval en Valparaíso, donde fue sometido a torturas físicas y psicológicas.
El tribunal concluyó que durante su detención, Serey Serey fue encerrado sin orden judicial, interrogado y torturado mediante diversas técnicas que incluían descargas eléctricas, golpes, simulacros de fusilamiento y privación del sueño, siendo liberado aproximadamente el 15 de octubre de 1973.
Este caso resalta la necesidad de justicia y reparación por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar en Chile.
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