El juez decidió rechazar la solicitud de la ministra en visita Jenny Book, quien pidió la inhabilitación del tribunal civil.
La mañana de este martes, en la audiencia de competencia inhibitoria, el Juzgado de Garantía de Arica decidiómantener el llamado caso conscriptos en la justicia civil.
El juez rechazó la solicitud de la ministra en visita, Jenny Book, quien pidió la inhabilitación del tribunal civil bajo el argumento de que el caso debía investigarlo la justicia militar.
Ahora, los antecedentes serán remitidos a la Corte Suprema, quienes finalmente deberán zanjar si la causa continúa en la justicia civil o en la militar. Si bien no hay un plazo establecido para ello, el juez afirmó que el proceso es rápido.
En la audiencia, el juez Juan Araya señaló: “No nos inhibiremos de seguir conociendo este asunto. En virtud de lo que establece el artículo 190 del Código Orgánico Tribunal, siendo la ministra un tribunal de mayor jerarquía, corresponderá a la Corte Suprema dirimir la contienda que se acaba de trabar”.
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El magistrado también afirmó que el caso no tiene solo víctimas militares, sino que también civiles, tales como Romy Vargas, madre de Franco Vargas, soldado que murió en Putre durante la marcha militar. “Hay una víctima que no es militar y la jurisdicción militar no tiene la robustez que tiene la fiscalía para proteger a las víctimas”, dijo.
Luego, a los medios de comunicación, detalló que “hay fallos de la Corte Suprema en ese sentido, de que, por tratarse de delitos cuyos bienes jurídicos protegidos no son castrenses, sino que distintos y de mayor amplitud, como la dignidad de la persona humana, la dignidad y la vida, exceden el ámbito de la jurisdicción militar común”.
Además del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), defendieron mantener la causa en la justicia civil el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, y el abogado Sebastián Andrade, que representa a Romy Vargas.
Desde el INDH dijeron estar “muy conformes” con la resolución del tribunal. “Hoy ha sido un triunfo para los derechos humanos en este país. Cuando la gente pregunta ‘¿los uniformados tienen derechos humanos?’, la respuesta es sí. Este es el mejor ejemplo”, sostuvo la directora del organismo, Consuelo Contreras.
“Estos jóvenes vieron gravemente vulnerados sus derechos humanos por una autoridad que cometió delitos contra ellos. Vamos a seguir en este juicio hasta que se conozca plenamente la verdad, se haga justicia, se indemnice a las víctimas y se tomen las medidas de no repetición”, agregó.
“Tal vez la situación más grave es la muerte de Franco”, insistió la directora, “pero hay un conjunto de jóvenes haciendo el servicio militar, es decir, bajo el cuidado del Estado en un proceso de formación. Con ellos se cometieron delitos de apremios ilegítimos y no sabemos qué otros. Nosotros queremos conocer toda la verdad en esta materia”.
Además, señalaron que el caso no tiene únicamente víctimas militares, sino también civiles, como la madre de Franco Vargas. Será la Corte Suprema la que deberá determinar si será la justicia militar o la civil la que dirigirá la causa.
— Valentina Nieto (@valenieta_) May 14, 2024
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